Tras la condena del presidente del Sevilla, José María del Nido, y la dimisión del máximo mandatario de Barcelona FC, Sandro Rosell por el 'caso Neymar', ahora le toca el turno al dirigente de un equipo de la Segunda División del fútbol español. Agapito Iglesias, máximo accionista del Real Zaragoza, ha sido citado a declarar como imputado el próximo 20 de febrero por su presunta implicación en el 'caso Plaza, un presunto desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de una plataforma logística en la capital aragonesa que fue destapado el pasado verano. Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas, que añaden que las acusaciones se centran en la supuesta falsificación de facturas por parte de una de sus sociedades a favor de la mercantil de las hijas de uno de los principales implicados en la causa, el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril.
Un informe de la UDEF apuntaba en diciembre que una de las sociedades de Agapito Iglesias pagó un "peaje" de 58.000 euros a la empresa de las hijas de un directivo de Plaza para conseguir contratos en la plataforma logística
La imputación del dirigente se produce después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía remitiese en las últimas semanas dos informes al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zatagoza, José Ignacio Martínez, en el que se apuntaba al pago de diferentes cantidades de dinero por parte de varias empresas de construcción por servicios inexistentes a cambio de contratos. En concreto, en el caso de Agapito Iglesias las sospechas se centraban en el abono de 58.000 euros que su empresa Multi Inversiones 2005 hizo en 2006 a la empresa Pulsar, propiedad de las hijas de García Becerril y supuestamente dedicada a la gestión de guarderías. Los servicios supuestamente contratados eran de ingeniería.
Los agentes mostraban su convencimiento en uno de esos informes, el del pasado diciembre, de que dicho abono lo efectuó la mercantidad de Agapito Iglesias como "un peaje camuflado a través de su calidad de clientes de Pulsar para poder ser proveedor de la UTE Plaza". De hecho, los agentes descubrieron que el trabajo supuestamente realizado, un informe titulado Estudio comparativo de opciones para la ordenación del Centro de Negocios de Plaza y de la manzana del CIEC y del impacto logístico, estaba fechado antes incluso de que ninguna de las dos sociedad implicadas en la operación, la del presidente del Real Zaragoza y la de la hijas del gerente de Plaza, hubieran estado ni siquiera constituidas.
Por ello, con aquel informe, los agentes solicitaban al juez José Ignacio Martínez, que reclamara a la empresa de Agapito "toda la información" sobre aquella factura y los trabajos supuestamente realizados por la guardería. Además, reclamaba la documentación sobre un segundo pago de Multi Inversiones 2005 a otra empresa de las hijas del exgerente de la plataforma logística. En este caso fueron 10.810 euros pagados a una inmobiliaria que en sus tres años y medio de existencia no había declarado a Hacienda "la percepción de ningún ingreso ni la realización de ningún pago". La recepción de esa documentación en el juzgado es lo que ha llevado al magistrado y a la Fiscalía Anticorrupción a citar a Agapito Iglesias a declarar.
La investigación sobre supuestas facturas falsas pagadas a la empresa dedicada a gestionar guarderías se extiende a otras seis sociedades que obtuvieron contratos millonarios de la sociedad pública. De hecho, el informe de la UDEF destaca que Pulsar, pese a estar dada de alta en tres epígrafes de Actividades Económicas, solo tuvo como empleadas a las hijas de García Becerril entre el 2006 y el 2009, periodo en el que sus ingresos ascendieron a 1.043.750 euros. Una elevada cantidad de dinero que procedía de Multi Inversiones y de otras tres empresas, Entrerríos, Margalejo y Lexton. Las cuatro consiguieron facturar en el periodo 2004-2011 cerca de 5 millones de euros como proveedores de la sociedad pública..
El informe de la Cámara de Cuentas
No es la primera vez que el nombre del presidente del Real Zaragoza aparece en la causa. De hecho, la Cámara de Cuentas de Aragón elaboró ya en 2012 un informe en el que aparecían varias operaciones de Plaza con empresas del grupo constructor de Iglesias que provocaron fuertes pérdidas a la sociedad pública controlada por el Gobierno autonómico. En enero de aquel año, el Gobierno de Aragón denunció ante la Fiscalía al exgerente de Plaza por un presunto delito de administración desleal en la compra de dos edificios al constructor. Detrás de estas dos operaciones, cerradas entre 2006 y 2007, estaba, precisamente, García Becerril, el exgerente de Plaza y padre de las dueñas de Pulsar. Ante las evidencias sobre un posible delito de administración desleal, en enero de 2012 el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, denunció ante la Fiscalía al exgerente.
Ya en 2012, la Cámara de Cuentas de Aragón detectó varias operaciones sospechosas de la sociedad pública con las empresas del presidente del Real Zaragoza que ocasionaron fuertes pérdidas a la primera
Una de las líneas de investigación trataba de desenmarañar qué conexiones tenía Iglesias con la trama montada por García Becerril, el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, el ingeniero de la consultora Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, y los dos directivos de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, que dirigieron la UTE que desarrolló las urbanizaciones del complejo logístico. Todo ellos están imputados desde el estallido del caso. Según detalla la Cámara de Cuentas, Plaza incurrió en fuertes pérdidas en extrañas operaciones con el dueño del Zaragoza. En 2010, la sociedad pública perdió 2,9 millones de euros con operaciones de venta. Una de las operaciones más sorprendentes recogida en el informe de la Cámara de Cuentas es la aceptación por parte de Plaza de la dación en pago de un activo por un precio 4,1 millones inferior a su coste.
Sorprenden también dos operaciones con Multi Inversiones 2010 (sociedad domiciliada en la misma sede de Codesport, el gigante constructor de Agapito Iglesias), fijando en una de ellas todo tipo de facilidades (pago aplazado y sin devengo de intereses) para la empresa de Iglesias. En la otra, el informe destaca que Plaza no constituyó “garantía alguna, ni por otro lado se ha pactado el pago de intereses por cobro aplazado” para asegurarse “el cobro de 6,68 millones de euros el 30 de julio de 2014” con otra empresa del grupo del constructor.
