Asociaciones de jueces y fiscales y sindicatos policiales creen que la prohibición de exhibir la bandera independentista catalana en la final de la Copa del Rey es de dudoso encaje legal y, sobre todo, de difícil aplicación, a la vez que puede fomentar lo contrario de lo que se pretende.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido que se prohíba a los aficionados introducir en el estadio Vicente Calderón la bandera independentista catalana en la final que disputarán el Barcelona y el Sevilla el próximo domingo.
Una decisión que justifica en la ley contra la violencia en el deporte que prohíbe la exhibición de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, de alguna forma, inciten, fomenten o ayuden a comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha considerado la decisión "desproporcionada" y ha dicho a Efe que su encaje legal "es más que dudoso".
Bosch ha opinado que la prohibición tiene más carácter ideológico que otra cosa y que procede de una visión "prejuiciosa". Además, ha recordado que hay gente en Cataluña que se siente identificada con esa bandera y anima a su equipo con ella, sin que suponga una incitación a la violencia.
En espera de ver cómo se desarrolla esa medida, Bosch ha aventurado que supondría una limitación a la libertad de expresión, una idea que comparte el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García.
Para García, ese derecho está "por encima de todo" y no debería asociarse la exhibición de una estelada con una incitación a la violencia ni compararla con otros símbolos como la esvástica nazi.
Desde los sindicatos policiales, el SUP, mayoritario en el cuerpo, está aún estudiando esta medida y la instrucción que se pueda dar a los policías a la entrada del estadio, si bien, a priori, no ve que esta prohibición tenga encaje legal, según su portavoz, Javier Estévez.
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, ha subrayado que, en todo caso, esa medida será prácticamente imposible llevarla a la práctica porque el que quiera introducirla podrá ocultarla entre su ropa y la Policía no podrá cachear a todos y cada uno de los alrededor de 50.000 aficionados.
Va más lejos y, con independencia de que pueda o no tomarse legalmente esa medida, entiende que no ha sido acertado avisar porque podrá incitar a llamamientos en las redes sociales para que se lleven aún más esteladas.
Por su parte, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, ha reconocido a Efe que la bandera independentista puede dar lugar a una confrontación política, pero su prohibición no tenía que haberse asignado al artículo de la ley del deporte que prohíbe los símbolos que inciten a la violencia.
De todos modos, Ibarra ha insistido en la necesidad de que el fútbol no sea usado para conflictos políticos y ha dicho que sería de agradecer que se separara el deporte de la movilización política para ayudar a la convivencia y facilitar la concordia.