La Justicia ha ordenado al exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué a entregar el contrato que firmó con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y por la que el defensa central se embolsará una comisión que rondaría los 24 millones de euros. Según ha informado El Confindecial, la jueza a cargo de la investigación del 'Caso Supercopa' le ha concedido al exjugador blaugrana un plazo máximo de diez días aportar la información requerida.

Asimismo, la magistrada ha dictado otras diligencias para esclarecer las negociaciones entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el Gobierno saudí para la venta de los derechos de imagen de la Copa del Rey a otros países como Mauritania o Mauricio.

 La titular del Juzgado Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, responde así a un escrito de anticorrupción, en el que solicitó nuevas pruebas sobre esta trama a principios de febrero.

Causa

La causa se abrió a mediados del pasado año a tenor de una querella por Miguel Ángel Galán por un un presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios. En ella, la magistrada incoó diligencias para iniciar una investigación penal con este asunto y en las que reclamaba al querellante que preste la cantidad de 10.000 euros en concepto de fianza para litigar en la causa como acusación popular.

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) solicitó a la Fiscalía que investigase a los dos querellados además de la productora Kosmos Global Holding (de la que es administrador único Piqué) por supuesta corrupción entre particulares, en los negocios, administración desleal, prevaricación y cohecho.

Sin embargo, a raíz de una querella presentada en los tribunales por Manos Limpias, Galán decidió hacer lo propio e interpuso otra en los juzgados de Majadahonda, porque es donde tiene la sede social la RFEF. En su escrito, al que ha tuvo acceso este medio, el querellante pedía investigar una presunta distracción fraudulenta de fondos de las cuentas de la Federación de Fútbol que atribuye a su actual presidente. Una de sus denuncias fue ya considerada en 2017 por el Tribunal Administrativo del Deporte para ordenar el cese de Ángel María Villar como presidente de la Federación española por "falta de neutralidad" en el proceso electoral iniciado ese año.

El escrito de Galán contra Rubiales y Piqué se apoyaba en varias informaciones publicadas por el diario El Confidencial relativas, por un lado, a un presunto espionaje por parte de Rubiales a miembros del Gobierno y, por otro, a irregularidades con el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí. En relación al primero de los puntos solicitó al juzgado que investigase si el presidente de la RFEF habría grabado conversaciones de miembros del Gobierno en los últimos cuatro años.