María Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, tiene sobre la mesa cerca de medio centenar de querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el Ministro de Sanidad Salvador Illa, o el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han convertido en las últimas semanas en objetivo de particulares, asociaciones y despachos de todo tipo que han acudido a la vía judicial para exigir responsabilidades al más alto nivel.
De acuerdo a fuentes cercanas al organismo dirigido por la exministra de Justicia, la Fiscalía General del Estado ha comenzado ya a recibir las querellas presentadas ante el Tribunal Supremo (los querellados son aforados).
A partir de ahora, Fiscalía tiene que valorar si el Supremo es competente para investigar las querellas; si hay indicios delictivos en los hechos denunciados que justifiquen la apertura de una causa penal; y si las querellas pueden o no agruparse en una macrocausa.
La mayoría de las querellas contemplan delitos de prevaricación, contra la seguridad laboral y por homicidio y lesiones imprudente
Fiscalía se ha propuesto encarar el análisis del contenido de las querellas y la obtención de conclusiones de aquí a septiembre, aprovechando también parte del mes de agosto. Al frente de este proceso se ha posicionado Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que encara su último año como profesional en activo.
En general, las querellas se han presentado, explican las fuentes consultadas, por la presunta comisión de uno, o varios, de los siguientes delitos: prevaricación administrativa; contra la seguridad laboral; y por homicidio y lesiones imprudente. También se han presentado algunas querellas por delito contra las libertades y derechos fundamentales.
El ensayo del 8-M
La investigación que ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo en Madrid puede haber servido de ensayo a todas las partes de cara a los procesos que puedan abrirse en el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno, una vez sean analizadas las querellas por la Fiscalía General del Estado.
La querella archivada de forma provisional por un juzgado de instrucción de Madrid contra el delegado del Gobierno ha generado gran revuelo
El juzgado ha investigado si el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, recibió algún tipo de orden para permitir o no la celebración de las manifestaciones del 8-M, a pesar de la amenaza del coronavirus, y si cometió delito de prevaricación.
La juez Carmen Rodríguez-Medel acordó el pasado viernes el archivo provisional de la causa del 8-M, después de haber rechazado días antes el sobreseimiento, como así lo solicitaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La magistrada apunta en el auto comunicado el viernes que la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir si ve indicios de delito, y por tanto, si revoca su decisión de archivo provisional.
Sin haber llegado el asunto investigado al Supremo y sin haberse acordado siquiera la apertura de procedimiento abreviado, la investigación del juzgado de instrucción de Madrid ha provocado un tremendo revuelo político y mediático.
