Los problemas financieros, económicos y jurídicos con los que Duro Felguera cerró los ejercicios 2019 y 2018 complican la percepción de la ayuda pública solicitada por la compañía asturiana al Estado. Sin el apoyo público, el grupo industrial centenario ya ha advertido que no podrá mantener la actividad.
La multinacional española ha requerido ayuda por importe de 100 millones de euros al Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones. La solicitud de ayuda de Duro Felguera pone a prueba los filtros que impondrá la Sepi a la hora de conceder apoyo público a empresas con problemas.
Aunque son varios los factores y condicionantes que las compañías deben cumplir para acceder a este tipo de fondo, la principal, subrayan fuentes jurídicas consultadas por este diario, es la referida a la situación económica de la empresa anterior a la explosión de la pandemia del coronavirus. "La decisión de la Sepi respecto a Duro Felguera será muy tenida en cuenta por el resto de las empresas, genera un precedente", comentan.
Duro Felguera tiene que demostrar que al término de 2019 no era una 'empresa en crisis' según lo define la Comisión Europea
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, en el que se estableció el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, indica que para poder resultar beneficiara, la empresa tendrá que cumplir, como segunda condición -después de ser una sociedad domiciliada en España-, "no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019", en los términos establecidos por la normativa europea.
La Comisión Europea establece en su Reglamento de ayudas de Estado, como empresa en crisis aquella en la que concurren alguna de cinco circunstancias previstas. Entre ellas, que durante los dos últimos ejercicios, la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5; y que la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del Ebitda, se hubiera situado por debajo de 1,0.
Al cierre del ejercicio 2019, y también de 2018, Duro Felguera incumplió la ratio de cobertura de intereses de la empresa. Y la ratio deuda/capital sólo se adecuó a la marcada por la Comisión Europea en 2018, gracias a una ampliación de capital.
El despacho de abogados estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, contratado por Duro Felguera, ha elaborado un informe en el que sostiene que la empresa cumple los condicionantes exigidos por Sepi para acceder a la ayuda pública. Sobre el nivel de cumplimiento por parte de Duro Felguera de las dos ratios indicadas, el bufete defiende que este debe ser simultáneo, por lo que la compañía pasaría esa revisión.
Venezuela y Hacienda
Otros dos de los condicionantes impuestos por la Sepi a las compañías que pretendan acceder al fondo de 10.000 millones también ponen en cuestión las posibilidades de Duro Felguera de disponer de los 100 millones de euros públicos solicitados.
Uno de ellos es el que dispone que la empresa solicitante no puede "haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos".
La Agencia Tributaria reclama a Duro Felguera el pago de 120 millones
El grupo con sede en Gijón está siendo investigada en la Audiencia Nacional desde el año 2017 por presunto pagos millonarios en sobornos a dirigentes chavistas a cambio de la adjudicación de obras.
La Sepi también exige a las empresas solicitantes "hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigente".
Duro Felguera arrastra desde hace años un contencioso millonario con Hacienda. La Agencia Tributaria reclama al grupo el pago de 120 millones de euros, a lo que la compañía se ha opuesto acudiendo a la Audiencia Nacional y al Tribunal Económico Administrativo Central (Teac).
Actividad esencial
La compañía ha elaborado un argumentario para defender su requerimiento de ayuda de 100 millones de euros a la Sepi.
El grupo defiende que la entrada del Principado de Asturias y de la Sepi en su capital serviría para controlar una empresa estratégica para la seguridad nacional
El grupo subraya que está considerada "por el Principado de Asturias como industria con actividad esencial en aplicación del Decreto de Estado de Alarma vinculado al COVID-19".
Duro Felguera incide en que la Unión Europea ha "flexibilizado las políticas sobre ayudas estatales en el Marco Temporal COVID-19 para que las empresas europeas salgan de la crisis", y que es una compañía "esencial por su aportación económica y social en la región".
