Los Presupuestos Generales para 2021, elaborados por el Ejecutivo tras varios años de prórrogas continuadas, son los más expansivos en la historia del gasto público con la ayuda de la espectacular inflación de asesores y ministerios. Es la consecuencia, en plena contracción económica y laboral, de la creación de una estructura administrativa desconocida hasta ahora en el primer Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) con personas procedentes en muchos casos de los propios partidos que lo conforman o de compromisos particulares.
Se trata del personal de confianza que se elige por 'enchufe' (cesa cuando sale el alto cargo que le ha nombrado), que no ha realizado prueba ni oposición alguna y que no concurre en una valoración de méritos académicos o profesionales. Es más, no se conocen sus nombres (no son públicos), es el secreto mejor guardado, ni sus condiciones económicas.
La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado contempla que el Gobierno, incluyendo a los organismos autónomos y al resto de entidades públicas que cuelgan de los ministerios, dispondrá por primera vez de 1.212 asesores contratados a dedo frente a los 860 nombrados por el PP con los que se encontró Sánchez al llegar a La Moncloa en 2018 o los 950 que estimó el actual presidente del Ejecutivo en el primer presupuesto que realizó en 2019 y que fue rechazado por el Congreso (de 2020 no hay cifras oficiales). Lo que significa que desde 2019 la cifra ha crecido en un 27,6% y un 41% desde que Mariano Rajoy salió de la presidencia.
Su coste estimado alcanzará un nuevo récord de 65,4 millones de euros (un 18% más), lo que supone una media de unos 55.000 euros por contratado, frente a los 55 millones con que se espera cerrar 2020 y muy lejos de los 49 millones de 2019 (un 33% más en 2021) o los 44,8 millones de 2018 (un 45% más en el próximo año). El gasto de 2021 duplica el Presupuesto contemplado para estos cargos hace 15 años, antes de la crisis económica; fue de 33 millones en 2006 con 700 asesores (ahora hay un 73% más).
Sánchez está replicando el modelo de Zapatero de convertir la Administración en un refugio de empleo para unos cuantos conocidos cuando empeora la situación del mercado laboral en el sector privado
Desde principios de los años 2000, cuando se realizaron de golpe más de 2.000 transferencias del Estado a las autonomías, se ha multiplicado casi por tres el número de este personal en la Administración Central. En estas cifras no se computa el ingente número de asesores de que disponen otras instituciones públicas, como las autonomías y sus parlamentos, las diputaciones, los ayuntamientos, los organismos autónomos y administrativos o los asesores técnicos que contratan todas las empresas públicas. La cifra global podría superar los 20.000 en el conjunto de las Administraciones Públicas, según reconocen fuentes sindicales.
Replica el modelo de Zapatero
Con la nueva irrupción de la crisis económica provocada por el coronavirus, Sánchez está replicando el modelo de José Luis Rodríguez Zapatero de convertir la Administración en un refugio de empleo para unos cuantos conocidos cuando empeora la situación del mercado laboral en el sector privado. Lo que demuestra que los partidos políticos se han convertido de nuevo en una agencia de colocación para los suyos en muchos casos.
Ya en los primeros años de la crisis iniciada de 2007 se produjo un aumento exponencial de estos cargos, hasta llegar en 2011 a los 863 con un coste superior a los 42 millones. La llegada del PP al Gobierno, con el ajuste impuesto desde Bruselas, supuso un recorte que alcanzó su suelo en 2015 con 815 asesores, pero ya en los últimos años de su mandato se había producido un nuevo repunte (en 2018 había 860 asesores).
Solo el 55% de esos 1.212 asesores tiene estudios superiores
Al espectacular aumento actual ha contribuido la participación en el Ejecutivo del partido de Pablo Iglesias, Podemos, que ha elevado el número de ministerios hasta 22 y a casi una treintena las Secretarías de Estado. Y no se ha debido mirar mucho su cualificación profesional y académica porque solo el 55% (668) de esos 1.212 asesores tiene estudios superiores; un 13% (154) tiene titulación de grado medio; un 17% (210) el bachillerato; y el 15% restante (180) sólo alcanza el graduado escolar o el certificado de escolaridad.
El 'ejército' de asesores de Sánchez
Es la sección de Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica la que más personal de confianza acumula y quien más ha aumentado su contratación. Es aquí, junto a los ministerios recién creados, donde se concentra la mayor parte de la subida de este personal. Este departamento dispone de 533 personas de confianza (un 55,8% más) frente a las 342 que figuraban inicialmente en los presupuestos de 2018 prorrogados en los años siguientes. Su coste es de 19,8 millones.
Sánchez cuenta con un ejército de asesores. Así, de los 679 empleados adscritos directamente a su Programa de Gasto, nada menos que 422 (un 62,2%) son personas de su confianza frente a las 245 (40%) con las que contaba Rajoy, quien disponía de 616 empleados totales en este Programa. Es decir, el actual Presidente del Ejecutivo tiene ahora un 72% más de asesores que su predecesor en La Moncloa.
La novedad es que Sánchez cuenta con menos funcionarios de carrera en detrimento de la contratación de más asesores, ya que dispone de 169 (y 73 laborales fijos) mientras que Rajoy disponía de 285 (y 74 laborales fijos). De esta forma, tiene el doble de personal contratado del exterior respecto al perteneciente a la función pública, lo que evidencia una falta de confianza en la profesionalidad del personal público. Se ha confeccionado su propia isla administrativa y política.
Duplica el gasto de asesores en Moncloa
En cuanto a la formación de este colectivo, ya que se supone que los presidentes deben estar rodeados de los mejores asesores procedentes del exterior, Sánchez ha elevado algo el listón: el 44% de estos cargos tiene una titulación universitaria frente al 32% del equipo de Rajoy.
Pero, en el otro extremo, hay un 33% de este personal de Sánchez que solo tiene el graduado escolar o el certificado de escolaridad frente al 31% del anterior presidente. El resto de los asesores dispone de titulación media o de bachiller (la proporción es casi similar en ambos dirigentes). Respecto al coste de este personal contratado a dedo, se ha duplicado con creces: los 422 asesores del actual presidente del Gobierno cuestan 15,2 millones frente a los siete millones presupuestados por Rajoy.
Pablo Iglesias, nuevo vicepresidente del Gobierno y responsable de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, se estrena con 25 asesores que generan 1,2 millones de gasto
De la sección de Presidencia del Gobierno llama también la atención que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que se ocupa del mantenimiento y gestión de los centros históricos, disponga de 45 asesores.
Los ministerios que más gastan
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública es el segundo departamento que más personal de confianza ha contratado fuera de las Administraciones pese a ser el encargado de la gestión de los empleados públicos. Dispone de 162, de los cuales 145 corresponden a la secretaría general de Coordinación Territorial. El gasto es de casi 6,7 millones.
También repunta el número de asesores en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, siete más que en 2019 (un total de 29) o en la de Transición Ecológica, que suma tres más (hasta 58). Por su parte, Pablo Iglesias, nuevo vicepresidente del Gobierno y responsable de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, se estrena con 25 asesores que generan 1,2 millones de gasto. Llama la atención también que el Consejo General del Poder Judicial tenga 68 asesores (tres más que en 2019) con un coste de 3,4 millones.
El Congreso tiene al menos 376 personas nombradas a dedo, una cifra que supera en 21 el número de diputados
En estas cifras no aparecen los asesores de que disponen el Congreso de los diputados y el Senado ni otras instituciones como el Tribunal Constitucional. Según los datos de los propios departamentos, los 350 diputados cuentan con 317 asesores directos (la mitad son del PSOE). A esta cifra hay que añadir los 59 más que asigna la Cámara a los órganos directivos y a los presidentes de las distintas comisiones. Por tanto, el Congreso tiene al menos 376 personas nombradas a dedo, una cifra que supera en 21 el número de diputados. Por su parte, el Senado acumula 75. Este lote de 451 asesores cuestan 14,5 millones de euros frente a los 9,1 millones en los presupuestos prorrogados de 2018 y que han ido complementándose con habilitaciones de crédito en los siguientes años. Por su parte, el Tribunal Constitucional dispone de una decena larga de asesores con un coste de 1,1 millones.
Por tanto, si estas últimas cifras se suman a las secciones anteriores del Gobierno sale que hay un total de 1.675 asesores con un coste total presupuestario de 81 millones.
