El enfrentamiento entre Montoro y De Guindos ha pasado de las declaraciones a lo escrito. Sus dos ministerios han remitido a Mariano Rajoy opiniones enfrentadas sobre el cumplimiento del déficit para los años 2011 y 2012 de cara al cierre de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el gobierno pretende aprobar el próximo viernes. Economía argumenta que se debe respetar el objetivo de déficit para evitar el castigo de los mercados internacionales mientras que los técnicos de Hacienda han actualizado sus datos al criterio de Contabilidad Nacional que exige Bruselas para sostener que ninguna autonomía cerrará 2011 cumpliendo el objetivo de déficit previsto.
Hacienda actualiza sus cuentas
Hacienda ha comenzado a traducir los datos de déficit presupuestario al criterio exigido por Bruselas, el de Contabilidad Nacional. Siguiendo ese criterio contable, ninguna comunidad cumple el objetivo de estabilidad del 1,3%. “Incluso la Comunidad de Madrid se desvía una décima del objetivo de Estabilidad Presupuestaria” confiesan los técnicos consultados por Vozpópuli. Según los cálculos que manejan, tres autonomías presentarán desviaciones casi imposibles de reconducir: Castilla-La Mancha (que cierra 2011 con un déficit del 5,8%), Murcia (del 4,7%) y Comunidad Valenciana (del 4,2%).
Sin embargo, esas cifras –advierten los técnicos de Hacienda—siguen siendo provisionales porque las cifras reales no se remitirán hasta febrero y –sobre todo—porque se calculan sobre una base que las autonomías no han actualizado desde el año 2008 pese a que la ley les obliga a ello. A pesar de que la ley (Artículo 9 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria) obliga a publicar el informe de la intervención general sobre el grado de cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de 2010, ese informe sigue sin remitirse al gobierno. Las cuentas de las autonomías, aseguran esas fuentes están en una “situación de provisionalidad desde el cierre del año 2008”.
Con esas cifras sobre la mesa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apostado ya públicamente por invocar la cláusula que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria pactada por PSOE y PP. Se trataría de argumentar una “situación excepcional” como las que contempla la ley (en este caso, la cláusula de “situación de recesión económica grave”).
Según las series históricas, ningún país en la historia de la OCDE ha sido capaz de realizar un ajuste fiscal de un 4% del PIB desde que existen datos, en 1960. Los mayores ajustes de la historia los han realizado Finlandia, Suecia e Irlanda en 1995 y no apenas llegaron al 2,5% anual.
Las exigencias de Economía
Frente a los datos aportados por Hacienda para suavizar la contundencia con el déficit, Economía mantiene su mensaje oficial: “el compromiso del Gobierno español es un compromiso con la austeridad” dijo ayer el ministro Luis de Guindos en su primer Ecofin, que aseguró que "en estos momentos" el Gobierno no prevé retrasar un año el objetivo de déficit como insinuó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En los informes que ha remitido Economía, se contempla no sólo ese recorte para las Administraciones Públicas sino también –literalmente—que “el resto de entidades que forman parte del sector público (empresas públicas y fundaciones) deberán presentar equilibrio financiero”. Eso significaría que los gobiernos no sólo tendrían pendiente un ajuste adicional de 24.500 millones sino que, además, deberían renunciar a sacar deudas del balance mediante empresas públicas (la conocida como “deuda fuera de perímetro”) por lo que el ajuste podría ser un tercio mayor de lo anunciado.
