El Gobierno de Pedro Sánchez no será ningún obstáculo para el proyecto Madrid Nuevo Norte, la sempiterna ‘operación Chamartín’. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, trasladará la idea a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un encuentro en el que tomará constancia de un desarrollo en el que el departamento que dirige se juega mucho desde el punto de vista económico, toda vez que percibirá más de 1.200 millones de euros por los terrenos del ámbito.
Para el desbloqueo de la operación, que se encuentra pendiente de ejecución desde hace 25 años, fueron determinantes los papeles representados por Carmena y el predecesor de Ábalos en Fomento, Íñigo de la Serna, quienes decidieron poner en marcha un nuevo intento de sacar adelante el proyecto del norte de Madrid, afectado por la brecha que supone la ubicación y desarrollo de la estación de Chamartín. Este nuevo intento es el que actualmente está pendiente de la aprobación inicial del Consistorio de la capital.
El expreso apoyo de Ábalos a Madrid Nuevo Norte no es un mero trámite administrativo, consecuencia de un mero traspaso de carteras. El cambio de Gobierno en España, tras el triunfo a comienzos de junio de la moción de censura al Ejecutivo que lideraba Mariano Rajoy, había introducido una serie de incertidumbres en la operación Chamartín, especialmente porque el relevo en Moncloa alentó a aquellos que se oponen a la aprobación de Madrid Nuevo Norte, algunos de los cuales forman parte de Ahora Madrid, la formación liderada por Carmena y que controla la corporación municipal.
Pese a que la alcaldesa ha logrado que el proyecto se modifique para reducir su tamaño, adecuarlo a su idea urbanística e incluso también que sea de iniciativa pública, los colectivos situados más a la izquierda dentro de Ahora Madrid no dudaron en tachar de traición la actitud de Carmena tras alcanzar un acuerdo con Fomento y Distrito Castellana Norte (la promotora del proyecto, participada mayoritariamente por el BBVA).
La oposición se activa
Tras la llegada del nuevo Gobierno, Izquierda Unida (una de las formaciones que componen Ahora Madrid) registró una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para deshacer el principio de acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Madrid, Fomento y DCN, con el fin de que el suelo del ámbito siguieran siendo público y se destinara a cubrir necesidades sociales.
A este paso se ha unido una inusitada actividad de colectivos ecologistas en redes sociales en contra del proyecto e incluso una petición de Ecologistas en Acción, junto a asociaciones vecinales contrarias a Madrid Nuevo Norte (agrupadas en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Fravm) para hacer público el contrato de concesión del uso de los terrenos entre Adif y DCN.
No obstante, la incertidumbre también alcanzaba a las propias filas del PSOE en Madrid. Notablemente críticos con el anterior proyecto de DCN, que terminó siendo tumbado por el Pleno del Ayuntamiento, los socialistas madrileños sostenían la idea de dar una vuelta de tuerca al desarrollo en el caso de que el PSOE se hiciera con el Gobierno central.
Además, hasta la fecha el ministro de Fomento no se había pronunciado sobre este asunto, ni en las entrevistas que ha concedido a la prensa ni en su larga comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso.
Espaldarazo para la aprobación inicial
De este modo, el apoyo de Ábalos al proyecto actual contribuirá de forma decisiva a despejar las incertidumbres, que además llegan en un momento importante para la operación, dado que el Ayuntamiento está próximo a conceder la aprobación inicial a la reforma urbanística que hará posible Madrid Nuevo Norte.
De hecho, el equipo del actual presidente del Gobierno ya estaba haciendo un especial seguimiento de la operación y trabajando en ella. Esta tarea estaba especialmente encomendada a Beatriz Corredor, quien fuera ministra de Vivienda en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno central. Un trabajo que ha cobrado especial sentido una vez que Pedro Sánchez se ha convertido en nuevo presidente del Gobierno.
La hoja de ruta el proyecto apuntaba a que la aprobación inicial se produjera antes de que terminara el mes de julio. Para eso es necesario que la Comunidad de Madrid devuelva aprobado el informe de impacto medioambiental y que el Consistorio introduzca las modificaciones realizadas por el Gobierno autonómico.
Los plazos están más que ajustados. Todo apunta a que, si finalmente la aprobación llega en julio, se haga en una junta de gobierno convocada de forma extraordinaria a tal efecto. De no llegar a tiempo, el trámite quedaría postergado a septiembre. En cualquier caso, la siguiente fase de la tramitación, la elevación a consulta pública para formular alegaciones, se iniciaría en septiembre, toda vez que agosto es inhábil para estos menesteres.
