Las empresas y los despachos de abogados lamentan que cada semana el Gobierno apruebe normas nuevas o matizaciones a normas vigentes que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en ocasiones horas antes de entrar en vigor, lo que en su opinión dificulta el trabajo de todos.
"En Portugal se ha aprobado una norma; en Alemania, tres, y en España, treinta. Nuestros colegas alemanes se llevan las manos a la cabeza por tener que interpretar tres normas en materia laboral, nosotros tenemos treinta. Además de que estas treinta normas no articulan excepciones. Se han retocado institutos jurídicos de los que ya disponíamos y con los que tenemos que seguir contando", se queja Cristóbal García, socio del área laboral de Garrigues.
Al exceso de normativa, se suma la escasa anticipación con la que cuentan las empresas para poder tener la información que necesitan y tomar decisiones, así como los constantes cambios que se producen de las versiones iniciales.
"Debido a la desinformación que provoca el hecho de que el Gobierno publique las normas las noches de antes, con apenas 5 o 6 horas de anticipación, muchos hemos tenido que tomar decisiones basadas en borradores de reales decretos o noticias, y eso ha creado confusión y una dificultad extraordinaria en esta crisis", señala por su parte Pablo Salguero, asociado principal de este mismo despacho y experto en laboral.
Por esta razón, recomiendan que no se tome ninguna decisión hasta que se publiquen los textos definitivos en el BOE, "porque esos borradores tienen infinidad de cambios y giros", que han llevado a muchas empresas a "tomar decisiones equivocadas".
Se abusa de mecanismos sin valor jurídico
Jordi García Viña, director en el área de Laboral de KPMG Abogados, explica a Vozpópuli que la situación inaudita que vive España por el coronavirus "ha obligado a tomar una serie de medidas desde muchos puntos de vista y, por supuesto, también en cuanto a las normas", produciéndose una "transformación absoluta" también en este sentido.
"Se dictan normas dentro de un escenario de estado de alarma, lo que significa que caben restricciones de derechos de los ciudadanos, incluso de derechos fundamentales y libertades públicas, se utilizan mecanismos que no está muy claro cuál es su valor jurídico, por ejemplo, las Recomendaciones, se promulgan muchas normas y se hace un uso intensivo del Real Decreto-ley", destaca.
Ante esta situación, el experto cree que el legislador no debe olvidar que "los conceptos jurídicos clásicos siguen teniendo total vigencia" y que debe respetarlos, "por ejemplo, principios como legalidad, irretroactividad de determinadas normas, proporcionalidad y vigencia de las normas".
Las normas deben ser claras y de aplicación fácil
"Segundo, el principio de seguridad jurídica es fundamental, ya que es la principal herramienta que tienen los ciudadanos y, en el caso concreto de las cuestiones laborales, los trabajadores y los empresarios. Tercero, y no menos importante, no podemos olvidar que las normas han de estar al servicio de los ciudadanos, por lo que, cuanto más claras de comprender y más fáciles de aplicar sean, más justifica la definición de Estado de Derecho que regula nuestra Constitución”, afirma.
Coincide también en este abuso del real decreto-ley Enrique Ceca, socio director del área laboral de Ceca Magán Abogados, quien señala a este medio que "en España venimos acostumbrándonos al abuso en el dictado del número de leyes, lo que resulta poco operativo y una dificultad adicional para el ciudadano".
"Sin perjuicio de que no se ha trabajado en un contexto sencillo, lo cierto es que en este periodo de afectación de la covid-19 se han dictado normas muy complejas, con una técnica jurídica mejorable, y publicando las normas en plazos demasiado ajustados a la entrada en vigor de las mismas, generando cierta inseguridad jurídica", lamenta.
