No haber hecho lo suficiente por descubrir un fraude hipotecario que propició la quiebra en 2009 de Colonial Bank le puede a costar a PwC, auditor de esta entidad, un total de 625 millones de dólares (536 millones de euros, según el cambio actual) en Estados Unidos, la mayor multa de la historia impuesta a una auditora.
Esta resolución judicial pone encima de la mesa la pregunta de si la firma podría recibir una sanción similar en España, pues auditó Popular entre 1990 y 2017 sin anotar una salvedad en las cuentas del banco y existen indicios de que las cuentas del ejercicio 2016 no reflejaban una imagen fiel de la entidad.
Las fuentes consultadas dudan de que PwC pueda recibir una sanción de Estados Unidos por Popular, ya que, a pesar de que la entidad contaba con presencia en el país norteamericano a través de Totalbank, el responsable de auditar de las cuentas de Popular era la filial española de la firma: PriceWaterhouseCoopers Auditores SL.
Hasta el momento, el único procedimiento judicial abierto en Estados Unidos por el caso es el 'discovery' iniciado por los inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle y los grandes fondos perjudicados con la resolución, cuyo fin es recabar información sobre la resolución de Popular y acceder a información que los reguladores comunitarios se niegan a conceder.
Investigación en España
No obstante, PwC sí que podría recibir una sanción en España. Hay indicios que apuntan que las cuentas del ejercicio 2016 podrían no reflejar una imagen fiel de la entidad, como el informe de la CNMV que acredita que existían "datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes", como adelantó Expansión, o el de la Agencia Tributaria sobre financiación irregular de empresas a través de sociedades opacas en Luxemburgo.
En cualquier caso, las sanciones contempladas por la legislación española distan mucho de la sanción impuesta por las autoridades estadounidenses, pues dos infracciones graves de PwC en las cuentas anuales de 2012 de Popular se saldaron con sendas multas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) cuyo importe agregado no llega a los 270.000 euros.
De hecho, la sanción máxima contemplada en la Ley de Auditoría se sitúa solo entre el 3% y el 6% de la facturación, aunque la norma también prevé la retirada de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Audotores de Cuentas (ROAC). Además, alguno de los expertos legales consultados inciden en que en el ámbito penal las sanciones también son poco significativas.
Las multas en España tienen un importe poco significativo
"En la práctica (las multas) tienen un importe poco significativo", explica el experto penal de Jausas, Jordi Ruiz de Villa, que agrega que casos como el de Abengoa, Bankia y Popular "son ejemplos de un sistema que no funciona". "Lo suyo sería que el régimen sancionador del ICAC, o, en el ámbito financiero, de la CNMV fuera un porcentaje sustancial de la cifra de negocios global", recomienda.
El ICAC, organismo dependiente de Economía, aún mantiene abierto un expediente a PwC por la revisión de las cuentas de 2016. Precisamente la reexpresión de estas cuentas estuvo a punto de ser reformulación, circunstancia que hubiera podido acelerar el final del banco, aunque finalmente se evitó gracias a una reunión de última hora entre Popular, PwC y la CNMV, en la que los argumentos de la auditora fueron admitidos por el supervisor.
Alza de los costes de auditoría
Otros auditores como BDO y Deloitte también se enfrentan a posibles sanciones por sus labores de auditoría. El primero se expone a una multa de 34 millones en el marco del caso Pescanova, mientras que el segundo se encuentra a la espera de que comience el juicio por la salida a Bolsa de Bankia.
En este sentido, desde el sector advierten de que las multas, junto al hecho de que cada vez exista una mayor regulación, podrían provocar un incremento significativo de los costes de auditoría ante la mayor responsabilidad que adquieren las firmas.
La sanción en EEUU supone un duro golpe reputacional para PwC en un momento en que el que la afirma ha reforzado su apuesta por la auditoría haciéndose con grandes contratos
Independientemente del importe, lo que es seguro es que la sanción en Estados Unidos y la imputación en el caso Popular acarrean un duro golpe reputacional para PwC en un momento en el que la firma de servicios profesionales ha reforzado su apuesta por la auditoría.
En los últimos años, PwC se ha hecho con algunos de los contratos de auditoría de algunas de las principales empresas del Ibex 35. Precisamente, es la encargada de firmar las cuentas de Santander, Telefónica CaixaBank o Repsol, entre otras.
