Los peajes en las autovías es una medida que, como muy tarde, tiene que ponerse en marcha en España en 2024. Un compromiso del Gobierno con Bruselas en su acuerdo para recibir los fondos europeos y que busca un impuesto finalista para la mejora de las carreteras nacionales. Grandes constructoras como ACS, Ferrovial y Acciona ya revisan el plan para poder participar en la gestión de estas infraestructuras.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), que también engloba a otras concesionarias como FCC, OHL o Sacyr, está realizando un estudio para la futura implantación de un mecanismo de pago por el uso en la red viaria interurbana de alta capacidad estatal.
Un informe que pretende revisar el “ámbito de actuación” de esta infraestructura nacional de 7.630 kilómetros. El informe de esta patronal, que lideran ACS y Ferrovial, busca identificar las “importantes inversiones iniciales” que supongan una prestación de servicios adicional para los usuarios y medidas paliativas para el sector del transporte.
Seopan arranca este análisis porque considera que España cuenta con la singularidad de tener la cuarta red de gran capacidad más extensa del mundo, por detrás de China, Estados Unidos y Canadá, y la más extensa de Europa. Un informe que, cuando acabe, se podrá poner encima de la mesa del equipo de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que tenga en cuenta sus propuestas a la hora de rematar este compromiso con Bruselas.
“La implementación de un mecanismo de pago por uso en nuestra red supone, además de un desafío técnico sin precedentes, una oportunidad para anticipar la adaptación de la carretera a los retos que impone la movilidad sostenible segura, eléctrica y conectada, con además un impacto muy positivo en la sostenibilidad financiera nacional”, explica la patronal de grandes constructoras españolas.
Seopan recuerda que la puesta en marcha del pago por el uso de las carreteras estatales está prevista en la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte. “Según se indica podría implantarse a partir de 2024 para internalizar los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario “quien usa, paga” y del principio “quien contamina paga””, recuerdan desde la patronal.
ACS y Ferrovial prometen 12.649 millones
Seopan todavía no tiene cifrada la cuantía total que necesitaría de inversión su plan para este cambio normativo que ha tomado fuerza en 2021. No obstante, la patronal que integra a grandes empresas del sector como ACS y Ferrovial, lleva año tras año defendiendo esta reforma. Sus pasados estudios muestran que los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado.
Si se concesionasen los peajes en las autovías consideran que se generarían dos pilares de ingresos públicos. Por un lado, Hacienda tendría encima de la mesa 3.953 millones de euros por la vía del IVA, 731 millones de euros del impuesto de sociedades y, según sus cálculos, 14 millones de euros al año por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El resto llegaría por aportación directa de las propias concesionarias. Las empresas harían un pago inicial a las administraciones públicas de 5.614 millones de euros, un pago anual de 4.827 millones de euros y ahorrarían 850 millones al año a las arcas públicas por el mantenimiento de la red.
La asociación de ACS y Ferrovial ya adelanta que se necesitan inversiones para mejorar la seguridad en la circulación. Sus datos también reclaman que es necesario un gasto público para garantizar la plena movilidad eléctrica. Otro punto de su estudio destaca la necesidad de capital para impulsar la digitalización y conectividad de la red. Por último, Seopan destaca la necesidad de capital para la transición ecológica y medidas paliativas para el sector del transporte profesional.
