Economía

El acuerdo del salario mínimo mantiene viva la amenaza de hachazo fiscal en el IRPF

Si el mínimo exento de IRPF no se actualiza con el nuevo salario mínimo, los trabajadores que lo cobren tendrán que pagar hasta un 43% de la mejora acordada

  • María Jesús Montero y Yolanda Díaz. -

Los más de dos millones de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) ya pueden contar con que su sueldo subirá en 50 euros este año, hasta los 1.184 euros mensuales, tras haberlo pactado el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y estar sólo pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros en las próximas semanas. Lo que no está tan claro es si estarán exentos de pagar IRPF, como ocurría hasta ahora.

Es posible que tengan que pagarlo por primera vez. Esta decisión no quedó recogida en el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos al ser competencia del Ministerio de Hacienda. Tras conocerse que la cartera de María Jesús Montero lo está estudiando, UGT amenazó con no firmar el acuerdo y CCOO exigió una subida mayor para compensarlo, pero al final la parte sindical ha apoyado la propuesta de Trabajo pese a que la exención fiscal no esté garantizada.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente aclaró que "eso no forma parte propiamente del acuerdo", pero "en el propio texto irá una nota que diga que los sindicatos insisten en abordar esta cuestión". Fernando Luján, vicesecretario general de Politica Sindical UGT, añadió que "es una reivindicación" que "el Gobierno en su conjunto" mantenga los salarios mínimos exentos de tributación en IRPF "por justicia social y fiscal". 

Si el tope de IRPF no se actualiza con el SMI para que las dos cifras coincidan, el salario mínimo de 2025 superará el umbral de declaración y los trabajadores tendrán que pagar hasta un 43% de la subida prevista, en función de las circunstancias personales del contribuyente (estado civil legal, hijos al cargo, etc.). Es decir, de los 700 euros que mejorará el salario bruto anual, Hacienda se llevaría hasta 300 euros.

Más recaudación

El mínimo exento del IRPF actualmente está en los 15.876 euros, que es el actual salario mínimo, y la posibilidad de mantenerlo así y no elevarlo un 4,4% hasta los 16.576 euros está sobre la mesa. En el propio informe de los expertos que recomendaron la subida de hasta el 4,4% -dando lugar a la propuesta de Díaz y en el que participaron representantes de Economía, Trabajo y Hacienda- ya se contempla que el mínimo exento del IRPF no se actualiza, frente a lo que ocurría en años anteriores.

La última rebaja se instrumentó mediante una reforma del artículo 20 de la Ley del IRPF, a través del Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio, que incrementó la cuantía de la reducción variable por obtención de rendimientos del trabajo para las rentas más bajas. Con esa elevación de la reducción se amplía el umbral de tributación, esto es, la cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el IRPF, desde los 15.000 euros anuales hasta los 15.876 euros anuales, cuantía coincidente con la del actual salario mínimo interprofesional.

En Hacienda estudian mantenerlo así a la vista del fuerte incremento que viene experimentando el SMI, del 54% desde 2018. Al incrementarse, afecta cada vez a más personas y su impacto en la recaudación es relevante. Fuentes próximas al Ejecutivo apuntan al interés de mejorar los ingresos en un contexto de regreso de las reglas fiscales europeas este año. La manera de sobrepasar el techo puesto al aumento del gasto es incrementar los ingresos de forma estructural.

Además, la política de Hacienda de elevar la presión fiscal sobre el resto de los salarios respaldaría esta decisión. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que Hacienda se platee esta medida para los salarios más bajos mientras anuncia una bonificación en el IRPF para los propietarios de viviendas que bajen el alquiler. Es decir, el Ministerio de Trabajo se opone públicamente, pero también asume que no es su competencia y será Montero quien tenga la última palabra.

A finales del año pasado ya hubo otro choque similar, cuando se obligó por primera vez a los parados a presentar declaración, con un impacto de hasta 178 euros. En aquel momento Hacienda responsabilizó a Trabajo por incluirse en el Real Decreto-ley 2/2024 de 21 de mayo de medidas urgentes para la simplificación y mejoras del nivel asistencial de la protección por desempleo. Por su parte, Trabajo afirmó que se había introducido "a petición de Hacienda". 

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