La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cifrado en 6.989 millones de euros el coste del último decreto ley aprobado por el Gobierno para prorrogar la respuesta económica a la crisis energética, que en su conjunto ya supone un incremento del déficit público del 1% del PIB.
Así lo ha manifestado su presidenta, Cristina Herrero, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, a la que ha acudido este lunes a dar cuenta del Informe sobre la actualización del programa de Estabilidad 2022-2025.
En total, la AIReF cuantifica en 1.772 millones de euros de pérdida de recaudación la prórroga de las rebajas fiscales a la electricidad, ampliadas con la rebaja cinco puntos más, hasta el 5%, del IVA que grava la factura de la luz.
En este cálculo este organismo excluye la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7% que soportaban las empresas, al considerar que tiene impacto neutral en términos de déficit por ser un ingreso que se asigna a cubrir el déficit tarifario con el sistema eléctrico.
De los 5.217 millones de euros restantes, la AIReF estima en 3.465 millones la prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro del carburante, cifra en 1.257 millones las ayudas a particulares --540 millones las ayudas directas, en las que se enmarca el cheque a las familias por el coste de la inflación-- y 495 millones las ayudas sectoriales.
