El 'caso Sáenz' estará finiquitado antes del verano. El nuevo decreto de honorabilidad bancaria, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, acelera el calendario que manejaba el Banco de España para fallar sobre el futuro del actual consejero delegado del Santander. La nueva ley establece un plazo máximo de dos meses para que el supervisor español decida sobre una posible inhabilitación a Sáenz, tras la anulación parcial de su indulto por parte del Tribunal Supremo.
La intención del Banco de España era evitar pronunciarse hasta que el Santander agotara todas las vías judiciales. “Linde no quiere tomar una decisión que luego pueda ser corregida por un tribunal”, explicaban la pasada semana fuentes del mercado. “En el Banco de España son muy legalistas y no se actuará antes”, continuaban estas mismas fuentes. Sin embargo, el nuevo decreto les obligará a decidir en dos meses.
El calendario empieza a descontar días desde el pasado lunes. Según informó ayer el supervisor, la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha decidido reabrir el procedimiento administrativo después de que el Gobierno incorporara a la legislación española los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre la honorabilidad de los cargos en las entidades financieras.
De esta forma, el Banco de España se ve obligado a archivar el procedimiento que abrió el pasado 28 de febrero para decidir el futuro de Sáenz después de que el Tribunal Supremo anulara parcialmente el indulto que le concedió el Gobierno anterior y abrir uno nuevo.
"Linde no quiere tomar una decisión que luego pueda ser corregida por un tribunal", explicaban la pasada semana fuentes del mercado. "En el Banco de España son muy legalistas y no se actuará antes"
Esta situación provocará que el Santander cuente de nuevo con otros 15 días para presentar nuevas alegaciones en consonancia con la nueva legislación aprobada el pasado viernes.
Entre las alegaciones presentadas ya por el Santander al Banco de España aparece la solicitud de la nulidad del fallo del Tribunal Supremo en base a un recurso de amparo "por infracción del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva". En caso de que este órgano judicial se reafirme en su última sentencia, como parece probable, que anula las consecuencias administrativas del indulto concedido a Sáenz por el anterior gobierno socialista, el banco con sede en Boadilla recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional.
En el sector jurídico se confirma que el Banco de España tendrá que tomar ahora una decisión antes del fallo del Constitucional, que podría demorarse incluso más allá del fin de este año.
En el caso de que la institución presidida por Luis María Linde decidiera la inhabilitación de Sáenz, los estatutos del banco rojo establecen un orden de sucesión que señala como sustituto a Matías Rodríguez Inciarte. Ese mismo nombre ha llegado en las últimas semanas al Gobierno.
Matías Rodríguez Inciarte es vicepresidente tercero y consejero ejecutivo de la entidad. El banquero ovetense, de 65 años, se incorporó al Consejo del Santander el 7 de octubre de 1988 y es un hombre fiel a Botín. Además, es el ejecutivo más veterano en el Consejo, tras Emilio Botín, con lo que podría ser designado de forma automática para un periodo corto hasta que más adelante se nombre a un consejero delegado para largo plazo.
El banco confía en que el gran volumen de jurisdicción presentada, en un primero momento, y la nueva tanda que presentará en los próximo días ante el Banco de España sea suficiente para lograr mantener a Sáenz en su cargo. El propio Botín aseguró, hace algo más de dos semanas, que la entidad cuenta con “informes terminantes” que muestran que no existe “ningún impedimento legal” de la continuidad del actual consejero delegado.
Matías Rodriguez Inciarte, vicepresidente tercero, es el ejecutivo más veterano en el Consejo, tras Emilio Botín. Su nombre también ha llegado al Gobierno en las últimas semanas.
La continuidad, sin embargo, se pone en duda desde Economía y el propio Banco de España. A día de hoy, en ambas instituciones se apuesta mayoritariamente por la próxima salida de Sáenz.
Incluso fuentes del ministerio que dirige Luis de Guindos aseguraban, pocos días atrás, que “nadie va a poder reprocharle ni al Gobierno ni al Banco de España sobre la decisión que va a adoptar” con respecto a Sáenz. Estas mismas fuentes reiteran que el nuevo decreto de honorabilidad que aprobará el Gobierno, podría aprobarse incluso este mismo viernes, “no va a favor ni en contra de nadie”.
El nuevo real decreto incorpora al marco jurídico español las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) al respecto, lo que supone ampliar los requisitos actuales y potenciar un control continuo tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades.
Según los cambios aprobados el pasado viernes, el Banco de España deberá determinar la honorabilidad de un banquero o miembro de un consejo de administración de una entidad financiera teniendo en cuenta los nuevos criterios, más amplios que los anteriores. Así por ejemplo, se refuerzan los requisitos de experiencia y profesionalidad, al tiempo que se amplían las competencias del Banco de España, que ahora tiene la última palabra para decidir si un banquero, a pesar de haber sido condenado, puede seguir ejerciendo su cargo por los méritos de su currículum. Para ello, el regulador valorará la trayectoria profesional de los banqueros, incluyendo su formación; las condenas por delitos dolosos y la existencia de investigaciones relacionada con delitos económicos.
"Nadie va a poder reprocharle ni al Gobierno ni al Banco de España sobre la decisi´no que va a adoptar con respecto a Sáenz", aseguran fuentes de Economía
Respecto de la consideración de delitos dolosos, añade que el Banco de España podrá recabar la opinión de una comisión de expertos creada al efecto. Esta opinión no tendría efectos vinculantes en el caso de que el supervisor decida finalmente realizar la consulta.
Alfredo Sáenz fue condenado en marzo de 2011 a tres meses de arresto por el Supremo por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993, e indultado posteriormente por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
