El Gobierno ha llegado a un acuerdo este martes para aprobar una nueva Ley Estatal de Vivienda que habilitará a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales (ayuntamientos) a tomar medidas cuando los alquileres suban en exceso, lo que podría suponer una amenaza para la unidad de mercado en el país, además de generar otros efectos como restringir la oferta.
Según ha avanzado el Ejecutivo, la nueva Ley se centrará en cuatro ejes: permitirá a las comunidades pedir al Gobierno que declare zona tensionada a los lugares en los que los alquileres hayan subido mucho y de esa forma podrán regular los precios de viviendas de grandes propietarios en base al índice de precios estatal; darán a los ayuntamientos la posibilidad de aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que abonan los propietarios que tengan pisos vacíos; aprobarán un bono de vivienda para jóvenes, para ayudarles a emanciparse; y aplicarán beneficios fiscales a propietarios para promover las bajadas de precios.
De esta forma, el Gobierno delegará en las comunidades y ayuntamientos la toma de decisiones sobre el control de precios, lo que podría contribuir a generar desigualdades entre territorios y, a la vez, deshacer los pasos dados en pro de la unidad de mercado en el país.
"La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica", tal y como recoge la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Esta ley y este principio buscan igualar las condiciones o reglas para desarrollar una actividad económica o inversión en cualquier parte del país, algo que podría verse amenazado si aumenta la regulación autonómica y se limita la posibilidad de obtener rentabilidad por inversiones inmobiliarias en algunos puntos del país.
Bruselas siempre pide que avancemos en la unidad de mercado
Desde que se aprobó esta Ley, la Comisión Europea ha venido recomendando a España -en el marco del Semestre Europeo- que siga avanzando en su aplicación y que vele por que, "a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las actividades económicas y su ejercicio -en particular en el ámbito de los servicios- sean coherentes con los principios de dicha Ley, y mejore la cooperación entre las Administraciones".
Incrementar la regulación autonómica o dar alas a las comunidades para que sigan aumentándola en el ámbito del alquiler supone un riesgo para esta unidad.
"Existe un límite a la descentralización: la preservación de la unidad de mercado (…) La asunción de cada vez más competencias por parte de los gobiernos autónomos, y el uso que de ellas están haciendo estos, amenaza con romper la unidad de mercado, un lujo que nuestra economía no puede permitirse en un entorno mundial globalizado y fuertemente competitivo", recoge el Instituto de Estudios Económicos en un monográfico sobre unidad de mercado.
Hasta la fecha, las comunidades autónomas han perjudicado la unidad de mercado con regulaciones dispares sobre la obligación de conocer ciertas lenguas, normas de embalaje o etiquetado, normativa de seguridad o medioambientales, diferencias interpretaciones de normas nacionales, regulaciones de colegios profesionales, etc. y ahora podrían sumar a esta lista distintos planteamientos con respecto a los precios del alquiler que también disuadirían la inversión extranjera.
Será un decisión más política que económica
Aunque el Ejecutivo va a dar a todas las autonomías la posibilidad de topar los precios del alquiler, es previsible que aquellas comunidades con gobiernos regionales contrarios a la regulación de precios, como es el caso de la Comunidad de Madrid, no harán uso de esta posibilidad y no limitarán los potenciales beneficios de los inversores inmobiliarios.
Los inversores inmobiliarios ya han reaccionado a esta noticia advirtiendo de que no invertirán en ningún otro lugar que no sea Madrid.
Esto podría servir para canalizar la inversión de este sector hacia las comunidades en las que no se aplique la normativa, lo que a su vez incrementará las diferencias territoriales.
En la práctica, tanto los gobiernos autonómicos como los locales de turno tomarán estas decisiones en clave política más que económica, pensando en su electorado, lo que podría incrementar las desigualdades territoriales en función del partido político que gobierne y no de la situación real de los precios del alquiler.
