El desarrollo en torno a la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Barcelona, objeto de investigación de las operaciones ‘Yogui’ y ‘Grizzly’ acerca de presuntas irregularidades en contratos del AVE, contemplaba ya un escenario de modificados y, consecuentemente, desviaciones al alza de los precios en las adjudicaciones. Así lo prueba el hecho de que el préstamo solicitado por parte de la sociedad pública Barcelona Sagrera a un sindicato de entidades financieras, entre las que figuró el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para cofinanciar contratos licitados por ADIF (incluidos en las dos investigaciones mencionadas) tuviera como uno de sus principales cometidos sufragar posteriores alzas en los mismos.
Dos contratos correspondientes a una misma licitación forman parte de las investigaciones mencionadas. Se trata de los referidos a la construcción de la plataforma de vía del tramo entre la futura estación de La Sagrera (cuyo contrato de construcción también se investiga) y el denominado Nudo de la Trinidad. El primero de los contratos, llamado “sector Sagrera”, centró la ‘operación Yogui’, que investiga presuntos desvíos de 30 millones de euros; el segundo, con el nombre de “sector Sant Andreu”, forma parte de la ‘operación Grizzly’.
Para cofinanciar la adjudicación de ambos contratos, la sociedad Barcelona Sagrera (participada por las tres administraciones públicas, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Ministerio de Fomento, y consagrada al desarrollo de la zona de la Ciudad Condal que atraviesa la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa) solicitó un préstamo de 350 millones de euros, también destinado a refinanciar su deuda. Aquel crédito, que contó con la participación del ICO, tenía como finalidad principal contribuir a sufragar ambos contratos y, además, “las desviaciones al alza que ambos puedan sufrir”.
La memoria de la sociedad Barcelona Sagrera correspondiente al año 2009 detalla esta operación, que se llevó a cabo antes de que se licitaran los contratos relativos a la estructura de la propia estación de La Sagrera y a los accesos a la misma. Ambos también forman parte de la 'operación Yogui', en la que se investiga el presunto desvío de hasta 82 millones de euros, en contratos que suman cerca de 800 millones.
Cancelación de una línea de crédito
El crédito fue concedido a la sociedad en septiembre de 2009, un año y medio después de que se adjudicaran los contratos, que habían sido licitados a finales de 2007. Adif había contado con un presupuesto inicial para llevar a cabo las obras de 375 millones de euros, aunque finalmente ambos contratos fueron adjudicados por poco más de 246 millones, es decir, con una baja media por encima del 34%.
Quizá fuera esta circunstancia la que llevara a la sociedad Barcelona Sagrera a solicitar el préstamo por una cuantía de 350 millones de euros cuando la refinanciación de su deuda consistía fundamentalmente en cancelar una línea de crédito de 150 millones solicitada un año antes a un sindicato bancario compuesto por Santander, BBVA, La Caixa y Caja Madrid, precisamente los mismo que participaron en el préstamo junto al ICO. Esa línea de crédito tenía también por objeto cofinanciar los citados contratos.
Las operaciones mencionadas parten de sendas denuncias de la Fiscalía Anticorrupción en dos juzgados de instrucción barceloneses que derivaron en registros de diversas sedes de Adif en Madrid y Barcelona y de las empresas concesionarias de los contratos, e incluso de detenciones de altos cargos de la empresa pública.
