Debería ser 2024 un año de celebración para Telefónica. La gran compañía de telecomunicaciones española -la que durante décadas fue monopolística- cumplirá 100 años y en su sede central en Madrid se preparan estos días los fastos con decisión. Sin embargo, la operadora se ha visto asediada en los últimos tiempos por una serie de amenazas que no están directamente relacionadas con su negocio, pero que han situado varios interrogantes en su horizonte.
Desde los altos despachos de Telefónica se transmitía hace unas semanas -off the record- que su presidente, José María Álvarez-Pallete, se enteró de la entrada de Saudi Telecom en el accionariado de la compañía el pasado 5 de septiembre, cuando trascendió oficialmente que los árabes habían adquirido el 4,9% de las participaciones del grupo y opciones sobre otro 5%.
Hay medios de comunicación que han puesto en duda esa versión. Sea como sea, lo cierto es que quedan varias preguntas por resolver con respecto a las intenciones de Arabia Saudí para con Telefónica. La primera es la relacionada con el motivo real que ha llevado a los árabes a invertir en una compañía cuyo negocio tradicional está maduro y cuya evolución en bolsa no ha sido especialmente atractiva para los accionistas en los últimos años.
La segunda tiene que ver con la estrategia que seguirá STC en Telefónica. Todavía es una incógnita si ejercerá la opción que tiene sobre el 5% del grupo -valorado en más de 1.000 millones de euros- y si reclamará un puesto en su Consejo de Administración. A la espera de lo que ocurra, Álvarez-Pallete convocó a principios de diciembre a su órgano de gobierno para forzar la dimisión -consensuada- de dos vocales y para designar a sus sustitutos.
¿Por qué? Porque de esa forma se asegura un mayor control sobre la composición del Consejo, ante lo que pudiera suceder en los próximos meses.
La entrada del Gobierno en Telefónica
Mientras desde Madrid se mira hacia Riad con cautela y con razonables suspicacias, el Gobierno prepara su desembarco en la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así lo anunció hace unos días a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que avanzó su intención de adquirir hasta un 10% del grupo.
De ser así, la operación podría superar los 2.000 millones de euros, lo que hace pensar -según fuentes de Moncloa- que sería financiada a través de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Desde Telefónica esperan que este movimiento empresarial no se resuelva en el corto plazo, sino que se demore unos meses, al igual que sucedió después de que el Ejecutivo diera el visto bueno a SEPI para crecer hasta el 28% en Indra (un porcentaje que nunca ha alcanzado).
Estos informantes estiman que el peso del sector público en el accionariado de Telefónica será muy similar al que disponga Saudi Telecom. Es decir, intuyen que la operación sería una especie de contra-ataque. Cuanto más crezcan los árabes, más lo hará Moncloa, desde donde se reclamará un consejero si su participación supera el 6,66%, lo que le situaría con el mismo número de efectivos en este órgano que Caixabank y BBVA.
El cierre del ERE
Más allá de estos movimientos accionariales, el 2024 será el primer ejercicio de los últimos 11 en el que Telefónica despedirá a trabajadores dentro de un Expediente de Regulación de Empleo. Los sindicatos mayoritarios esperan firmar las condiciones de este ajuste el próximo 3 de enero, cuando termina el plazo legal para que ambas partes alcancen un acuerdo.
José María Álvarez-Pallete y su equipo justificaron esta medida en la necesidad de cerrar las centrales de cobre de Telefónica. Es decir, las que han dado soporte a la red de comunicaciones más rudimentaria de la operadora, líder en despliegue de fibra en Europa.
Se espera que próximamente se rompan 3.000 contratos en tres de sus empresas en España como consecuencia de este ERE. En paralelo, se firmará el nuevo convenio, lo que, en teoría, garantizará la paz social para los próximos años.
En el horizonte también se aprecia la posible venta de, al menos, una parte de la filial Telefónica Tech y el cierre de la OPA sobre su división en Alemania. En la sede central de Telefónica también se observan con atención los efectos que puedan tener en su negocio las operaciones empresariales que afectan a su competencia directa en España, en pleno proceso de fusión, absorción y segregación, según el caso.
Una fuente del grupo reconocía hace unos días -en una conversación privada- que, por todo esto, la Junta General de Accionistas de 2024 promete ser la más interesante y, a la vez, la más compleja de la última década. En este sentido, espera que no se produzca una 'revuelta' como la que tuvo lugar en Indra unos meses después de que el Estado anunciase su intención de incrementar su participación en la compañía de defensa. Aquello acabó como el rosario de la aurora.
