La Audiencia Nacional investigará al anterior consejo de administración del grupo DIA y al que fuera su auditor durante más de dos décadas, la consultora KPMG, tras admitir a trámite querella presentada, el pasado mes de mayo, por los presuntos delitos de societario por falseamiento de las cuentas anuales; de falsificación de documento público; y de estafa. .
La Plataforma de Afectados de DIA, a través del despacho Demandas Colectivas, ha informado este martes a través de un comunicado del auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que se declara competente para investigar los presuntos delitos denunciados.
El Ministerio Fiscal, en informe de fecha 8 de noviembre de 2019 ratifica que se debe "admitir a trámite la querella interpuesta por (…) contra DIA y otras trece personas físicas". El despacho califica el auto como un
"paso adelante en la defensa de los derechos de los accionistas minoritarios por la nefasta y presuntamente fraudulenta gestión del anterior Consejo de Administración".
Entre los 13 querellados figuran los anteriores presidentes y consejeros delegados del grupo español, como Ana María Llopis, Ricardo Curras o Borja de la Cierva. En el auto, firmado por el juez Alejandro Abascal Junquera, se notifica la resolución al Ministerio Fiscal para que informe sobre las diligencias a practicar e informa que contra la misma se podrá interponer, en el plazo de cinco días, recurso de apelación.
La querella se presentó en base a la misma información que DIA comunicó al mercado l pasado 28 de diciembre, cuando admitió que había detectado la necesidad de deteriorar un importe aproximado de 76 millones de euros atribuible principalmente a su negocio en España, y otro de 34 millones de euros en su filial Clarel.
Investigación en España y Brasil
En febrero DIA reveló que había abierto una investigación sobre sus altos directivos en España y Brasil. Según detallaba la auditoría de la consultora KPMG, la compañía había encontrado indicios que ponen de relieve que se realizaron "prácticas contables irregulares". La empresa aseguró que había denunciado los hechos ante Fiscalía Anticorrupción y que había contratado a EY para elaborar una auditoría forense.
La compañía cesó a Ricardo Currás como consejero delegado en agosto de 2018 y nombró en su puesto a Antonio Coto, quien el pasado mes de diciembre fue nuevamente relevado y siendo sustituido por Borja de la Cierva. Este último abandonó, junto con la mayoría de consejeros, su cargo en DIA tras la toma de control del grupo por parte de LetterOne, la sociedad controlada por el magnate Mikhail Fridman.
Demandas Colectivas destacó en la presentación de su querella que KPMG no detectó que las cuentas anuales del 2017 estaban infladas un 20% en su patrimonio neto, es decir, el valor contable de la compañía. "Sin duda este es un factor clave que indujo a un claro error a los inversores que siguieron confiando en una compañía que valía un 20% menos y cuyos resultados anuales también estaban manipulados", señaló el despacho.
