El Ministerio de Fomento confía en que en los próximos días haya un acuerdo consensuado entre las partes sobre la integración en una sociedad pública de las nueve autopistas de peaje con problemas, una solución que no va a ser fácil ya que implica renuncias e impacto económico en las provisiones de las compañías.
Durante los desayunos Executive Forum, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha anunciado que las concesionarias de estas autopistas van a presentar este viernes un informe para dar respuesta al que ya les ha presentado el Ministerio de Fomento respecto a la creación de una empresa similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
"Cualquier solución que adoptemos tiene que ser una solución acordada entre todos y nunca una solución impuesta", ha indicado Catalá, que ha subrayado la deuda de 3.500 millones que arrastran estas concesionarias y la reordenación de la presencia de los bancos extranjeros en ellas.
"La responsabilidad es de todos. Hay que encontrar una solución a corto plazo y cuanto antes", ha resaltado Catalá, quien ha recordado que en las autopistas de peaje con problemas participan 52 entidades financieras, 10 constructoras, 21 socios y miles de expropiados que aún están pendientes de recibir la compensación por la entrega de sus terrenos.
Catalá ha agregado además que "está en juego el sistema concesional", al mismo tiempo que ha reconocido que los préstamos participativos y las cuentas de compensación no son una solución de futuro estable ya que la situación presupuestaria del país no permite confiar en este sistema.
"Cualquier solución que adoptemos tiene que ser una solución acordada entre todos y nunca una solución impuesta"
De las 22 concesionarias que hay en España 9 atraviesan una situación difícil y 5 de ellas están en concurso de acreedores, lo que representa una "llamada de atención" para encontrar soluciones eficaces, ha añadido. Entre las causas que han arrastrado al sector concesional a esta situación, el secretario de Estado ha señalado también que algunas concesionarias plantearon estructuras financieras "agresivas" que resultaron insostenibles. En este sentido, ha indicado que una alternativa es que los procedimientos concursales transcurran sin más, lo que conlleva un riesgo de pérdida de valor.
Por ello, Fomento trabaja en crear una empresa privada y pública para adquirir las 9 autopistas con problemas y reestructurar los créditos bancarios. Esta solución, ha subrayado, requiere de todos, por lo que el departamento que dirige Ana Pastor está intentando "convencer" a todos los interlocutores, diversos y complejos.
Inicialmente, el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20% del capital de la empresa, mientras que el 80% restante sería controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa). Sin embargo, las concesionarias reclamaron a Fomento controlar cerca del 49% del capital de la sociedad.
