El Gobierno se apoyará en las grandes empresas para garantizar la gestión de las ayudas europeas para paliar los efectos del coronavirus. Según informa este lunes el diario El País, el borrador del decreto-ley de modernización de la Administración que se presentará este martes en el Congreso, añade una fórmula para concretar la colaboración con las empresas con un sistema mixto público-privado.
Según el documento, el Gobierno pretende agilizar y flexibilizar la elección de socios para estas empresas de participación mixta. Mediante esta fórmula, el Estado se asegura la mayor parte del accionariado, al menos, el 51%, mientras que el accionista minoritario, en este caso la empresa privada es el que ejecuta el servicio.
Cuándo llegarán las ayudas
Aunque los plazos para su aprobación son justos, lo más probable es que el marco financiero plurianual para 2021-2027 sea validado a tiempo para que el 1 de enero de 2021 esté ya en vigor el presupuesto, pero el fondo de recuperación y sus 750.000 millones de euros en subvenciones y préstamos podrían retrasarse.
Los primeros desembolsos de los 140.000 millones que le corresponden a España empezarán a llegar previsiblemente en verano.
El Pleno del Parlamento Europeo dio el pasado miércoles luz verde al presupuesto comunitario para el periodo entre 2021 y 2027, dotado con 1,074 billones de euros, que se desbloqueó la semana pasada después de que Hungría y Polonia recibieran garantías sobre cómo se vincularán los fondos al Estado de Derecho.
Los negociadores del Consejo y del Parlamento habían llegado a un acuerdo sobre estas cuentas el pasado noviembre, pero el paquete presupuestario ha estado un mes vetado por el rechazo de Budapest y Varsovia a que el desembolso del dinero se vinculara al Estado de Derecho, tal y como habían acordado los Veintisiete con la Eurocámara, un bloqueo que no se resolvió hasta el pasado jueves.
Finalmente, estos dos países pactaron la semana pasada con la presidencia alemana del Consejo una declaración con algunas garantías sobre la aplicación de este mecanismo, que en cualquier caso no modifican el contenido de la regulación: permitirá por primera vez congelar las ayudas europeas cuando un país viole el Estado de Derecho.
