El Gobierno de Baleares endurece la normativa anunciada la pasada semana para acabar con el turismo de borrachera. Como medida cautelar, autorizará el cierre provisional -hasta resolución firme en vía administrativa- de aquellos hoteles, bares y comercios en los supuestos de "infracciones muy graves" de las normas establecidos en la venta y suministro de alcohol.
Entre otros, destaca la prohibición de promociones como 'barras libres' en los hoteles, y 'happy hours' o '2x1' en los bares, muy comunes hasta ahora en algunas zonas turísticas de las islas. Tampoco se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en tiendas a partir de las 21.30 horas. Además, la norma también regula el 'balconing', una peligrosa práctica que será motivo de expulsión "inmediata" del turista en el hotel.
Baleares ya había avanzado que a través de un decreto ley aprobado por las autoridades insulares se endurecerían las sanciones económicas a los establecimientos de la Playa de Palma y Magaluf (Mallorca) y el West End de Sant Antoni (Ibiza), muy frecuentadas por turistas extranjeros como británicos y alemanes. Las multas alcanzarán cuantías de entre 60.000 y 600.000 euros, muy superiores a las establecidas hasta ahora en las ordenanzas municipales, de un máximo de 3.000 euros.
Pero ahora el decreto ley, pionero en Europa y en España, va más allá y permite el cierre provisional del establecimiento por parte de la policía o los inspectores al extender el acta o denuncia como medida cautelar ante una infracción grave de la normativa. Esto supone un punto de inflexión para el sector turístico balear y su economía en general, enormemente dependiente del turismo. Concretamente, supone más del 45% de su PIB y da trabajo a más del 30% del total de asalariados.
Rentabilizar la inversión hotelera
Entre 2012 y 2017, la disposición transitoria de la Ley General de Turismo permitió ampliar y reformar la planta hotelera de Baleares para aumentar la categoría de los establecimientos y favorecer la inversión, especialmente en las zonas maduras de la comunidad autónoma. Durante los años de vigencia de esta normativa se reformó el 60% de la planta hotelera, se invirtieron más de 1.800 millones de euros y alrededor de 200 hoteles aumentaron su categoría.
Sin embargo, el entorno no cambió. La permanencia de este turismo "de excesos", fiesta o borrachera, practicado sobre todo por jóvenes británicos y alemanes, ha hecho que la inversión realizada no vaya aparejada de un incremento en la calidad del turista ni en el precio de la habitación, según explican fuentes del sector a Vozpópuli. En este sentido, ahora se busca mejorar la calidad del turismo que llega a Baleares, pero también rentabilizar la inversión.
La norma tiene una vigencia de cinco años y se aplicará de manera inmediata, aunque respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros. Además, a los tres años se hará una valoración de la situación, sus efectos y resultados para saber si funciona o no. Aún tiene que ser aprobada por el Parlament balear, aunque fuentes expertas indican que la figura del decreto ley agilizará los plazos para que pueda aplicarse este mismo verano.
Este decreto ley sólo afecta a las zonas turísticas concretas de Magaluf y Playa de Palma (Mallorca) y Sant Antoni de Portmany (Ibiza), pero, según indican a este medio fuentes conocedoras del acuerdo, el objetivo es extender esta regulación al resto de destinos turísticos de Baleares mediante una reforma de la ley general de Turismo.
