Ni el Congreso de los Diputados, ni el Ministerio de Economía, ni el Fondo de Reestructuración (Frob). Ha tenido que ser la Mutualidad de la Abogacía la que consiga el informe secreto del rescate de Banco Popular.
Lo han conseguido a través del recurso presentado por su bufete, Ramón C. Pelayo Abogados, que ha sido estimado por el Comité de Apelaciones de la propia Junta Única de Resolución (JUR).
El Comité obligada al fondo de rescate europeo a hacer pública la copia del informe de Deloitte en que se basó la resolución, eliminando de esa copia la información estrictamente necesaria por ser "sensible"; una versión menos "censurada" de la decisión de la JUR de acordar la resolución del Popular; y una versión no confidencial del último plan de resolución del Banco Popular.
Este informe tenía una valoración positiva, tal y como adelantó este medio, de alrededor de 1.500 millones de euros. Este trabajo de la auditora valió para que la JUR preparara el rescate, aunque lo que hizo que perdieran su dinero los inversores fue el precio puesto sobre la mesa por Santander: menos 2.000 millones.
