Choque a la vista por el impuesto a la banca. El Banco Central Europeo (BCE) apura el examen al gravamen que planea Pedro Sánchez para recaudar 3.000 millones de euros en dos años para tratar de influir en la fase de enmiendas parciales, que se prevé iniciar en noviembre. El impuesto cumple esta semana un mes desde que llegó a Francfort por petición del Parlamento y el supervisor enfila los últimos flecos, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.  

Los partidos políticos de la oposición aguardan al dictamen del BCE, que no es vinculante pero será clave para el futuro del impuesto. Si emite una opinión contundente contra el plan de Sánchez, la oposición tendría argumentos suficientes para exigir cambios en la tramitación y alargar el desgaste político por el nuevo gravamen.

Incluso en el sector financiero no se descarta que el Gobierno, a través del Grupo Socialista, pueda suavizarlo en aras de la estabilidad financiera, como reconoció hace unos días Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Los banqueros se quejan de que es “injusto, arbitrario y confiscatorio”, como volvió a criticar María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter el jueves pasado.

El Ejecutivo quiere prohibir que las entidades trasladen el coste del impuesto a los clientes, lo que puede enfrentarse con la normativa actual"

De momento, el BCE no tiene en su agenda una fecha concreta para dar a conocer el informe. Lleva examinando el impuesto desde finales de septiembre y suele darse un mes para emitir una opinión sobre propuestas de ley. Puede pedir una prórroga, aunque en principio se descarta esta opción, como señalan fuentes próximas al supervisor único.

El Ejecutivo quiere prohibir que las entidades trasladen el coste del impuesto a los clientes, lo que puede chocar con la normativa actual, que obliga a utilizar los impuestos para configurar el precio de los productos. Este sería el punto que mayor fricción puede provocar en Francfort.

"El Gobierno ha tenido en cuenta todos los aspectos que son considerados relevantes por el BCE”, defiende Calviño. En la última semana, precisamente, se han intensificado los contactos de altos mandatarios españoles en la sede del BCE. Sin ir más lejos, la ministra de Asuntos Económicos acudió junto al Rey Felipe VI a Francfort en una visita oficial, en la que aprovechó para trasladar ‘in situ’ al equipo del supervisor único las claves del impuesto.

El BCE y el precedente de Lituania

El sector bancario mira el precedente de Lituania en 2019, cuando anunció que aplicaría un impuesto a la banca, también sin previa consulta al BCE. En ese momento, el supervisor único se opuso claramente y exigió al Gobierno del país que midiera las consecuencias sobre el sector financiero y la estabilidad del sistema.

Este puede ser el principal argumento que emplee el BCE para tratar que Sánchez corrija el nuevo gravamen, que se prevé aplicar sobre el 4,8% de los ingresos por intereses y por las comisiones en la venta de productos financieros, como seguros y fondos de inversión.

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, además, ha alertado de que el cambio de era en la política monetaria no sólo se traducirá en ingresos extra para las entidades, que es el principal argumento de Sánchez para justificar el nuevo gravamen. En este sentido, ha advertido de que la subida del precio del dinero encarecerá también el coste de los depósitos y provocará un aumento de las provisiones ante el impago de algunas empresas.