Toque de atención del Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno por el impuestazo. El supervisor único acaba de emitir su opinión, no vinculante pero clave para la tramitación parlamentaria, sobre el nuevo gravamen al sector bancario e insta a las entidades a repercutirlo a los clientes.

"Una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades", recoge el banco central, que aclara que la subida de precios a los clientes son "legítimos". Este era el principal choque que se preveía del plan de Sánchez, que quiere impedir que los bancos repercutan el impuesto a los clientes, pero va en contra de la normativa bancaria actual.

El BCE, por ello, espera que las entidades reflejen en el coste de los préstamos todos los costes pertinentes, "incluidas las consideraciones fiscales", tal y como fijan las "buenas prácticas internacionales". También exige al Gobierno aclarar qué fórmula utilizará la CNMC para controlar que efectivamente no se traslade a los clientes.

"Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no", expone el dictamen firmado por la presidenta del BCE, Christine Lagarde. También cree que se debería clarificar la función de colaboración del Banco de España para controlar que no se traslade al precio de los productos, aunque reprende al Gobierno por encomendar una nueva tarea supervisora al banco central nacional.

Impacto sobre el crédito

En su examen sobre el impacto de la estabilidad financiera, el supervisor único advierte de que el nuevo gravamen, que se prevé aplicar sobre el 4,8% de los ingresos típicos y por comisiones, puede afectar a la concesión de crédito. "Esto crearía incertidumbre y afectaría negativamente al crecimiento económico real", avisa. Y esgrime que la incertidumbre económica actual puede "reducir de manera significativa" la capacidad de pago de los deudores.

"El efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado", reprende al Gobierno, que ha utilizado como argumento 'estrella' del impuestazo los "beneficios extraordinarios" de los bancos por las subida de tipos del BCE.

Exige que la recaudación no se use con fines de "saneamiento presupuestario"

Y lanza una dura advertencia sobre el destino de los ingresos del gravamen, con el que Sánchez pretende recaudar unos 3.000 millones de euros en 2023 y 2024. "No sería deseable utilizar los ingresos procedentes de los impuestos
recaudados con fines presupuestarios generales si, y en la medida en que, de este modo, las entidades de crédito fueran menos resilientes a las perturbaciones económicas", alerta. En este sentido, el BCE recuerda que ha exigido en otros casos similares una "clara separación" entre los ingresos extra por los nuevos gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas. "Para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general", ahonda.

El banco central también critica el listón de 800 millones en los ingresos que fija en la proposición de ley del Grupo Socialista y Podemos para aplicar el impuesto. "La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la Unión Bancaria", avisa. Precisamente, los bancos piden extender el gravamen a las entidades extranjeras que operan en España, que en principio se quedarían fuera.

El BCE exige al Gobierno que mida el impacto de la nueva carga fiscal sobre la rentabilidad del sector, que ahora tiene más difícil cubrir el coste de capital. Y recomienda que la proposición de ley se acompañe de un "análisis exhaustivo" de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario. "Detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos", subraya, para después advertir de que el sector ya está afrontando provisiones por la amenaza de recesión.

El supervisor muestra además su "discrepancia" sobre la redacción del texto de la proposición de ley e insta al Ejecutivo a aclarar que efectivamente se quiere aplicar sobre los ingresos del negocio típico y de las comisiones por la venta de productos.

Pese al toque de atención del BCE, el Gobierno seguirá adelante con su plan y asegura que la proposición de ley se ha planteado teniendo en cuenta todas las consideraciones del supervisor. "Los resultados que estamos conociendo estos días apuntan a un fuerte incremento de los beneficios en los nueve primeros meses del año como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida", defienden fuentes gubernamentales.