El expresidente del BBVA Francisco González ha pedido este jueves su sobreseimiento en el caso Villarejo ya que, a su juicio, "no existe ni un solo indicio" que sustente que él pudo saber que el banco contrató una agencia de investigación de un policía en activo o que este pudiera usar medios ilícitos.
FG, como se le conoce al expresidente del BBVA en el mundo económico, solicita su sobreseimiento en un escrito presentado en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera juzgarle, según fuentes jurídicas, consultadas por EFE.
En el escrito se argumenta que, tras la exhaustiva instrucción de casi seis años, la ingente documentación, las innumerables declaraciones, los diversos informes periciales, así como tras el último minucioso informe del Ministerio Fiscal, se puede afirmar "sin lugar a dudas" que no existe ningún indicio que sustente las acusaciones contra FG.
De ese modo, no se puede afirmar que el expresidente del BBVA conociera que se había contratado por el banco una agencia de investigación propiedad de un policía en activo, en alusión a Cenyt, y que este "pudiese haber utilizado medios ilícitos en el desarrollo de alguno de los trabajos para los que había sido contratado (si este hubiese sido el caso)".
“No existe ni un solo dato indiciario en autos y es sencillamente una invención del Ministerio Fiscal”, prosigue González, que reitera que "no hay un solo dato indiciario que pueda apuntar que conociera que detrás de Cenyt había un señor llamado Villarejo, que además era policía y que estaba en activo, o que esta empresa pudiese eventualmente haber vulnerado derechos fundamentales de terceros en el desarrollo de su actividad”.
Operación Trampa
Se trata de la operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario de policía desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.
Sobre esto, el escrito de FG recuerda que "durante el intento de asalto de la constructora Sacyr en 2004 y 2005 "tan solo conoció la contratación de una agencia de investigación, pero en ningún caso que ésta fuera Cenyt ni que Villarejo estuviera detrás de ella".
Respecto de la investigación en 2010 sobre los bienes de determinados deudores del banco, el expresidente aclara que sólo supo de la contratación de otra empresa de investigación "con posterioridad a la formalización de los contratos", y en ningún momento supo a quién se contrató.
"No hay ningún indicio racional ni válido de lo contrario, ninguna huella digital y ningún documento", prosigue el escrito, por lo que se trata "sencillamente una invención del Ministerio Fiscal".
Compromiso para esclarecer los hechos
González insiste en que en todo momento durante la investigación ha actuado "con total transparencia y un compromiso pleno para esclarecer los hechos investigados", siendo el único investigado que declaró de forma voluntaria, en noviembre de 2019, cuando la causa estaba secreta.
Pudo haberse acogido a su derecho constitucional a no declarar, recuerda, pero lejos de eso volvió a declarar en diciembre de 2022, también de forma voluntaria, para ratificar lo expuesto en su primera declaración.
El pasado 1 de junio, Anticorrupción pidió la apertura de juicio oral contra el banco por cohecho y revelación de secretos en relación con la contratación de empresas vinculadas a Villarejo.
La Fiscalía pedía la apertura de juicio oral contra BBVA, el expresidente González y otras once personas, entre los que figuran el ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia, Joaquín Gortari; el exdirector de Riesgos Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.
Asimismo, incluyó al propio Villarejo y a su socio, Rafael Redondo.
