El Banco Popular comenzó su declive el 26 de mayo de 2016, cuando anunció por sorpresa una ampliación de capital de 2.500 millones de euros con la que preveía mejorar su solvencia y rentabilidad y fortalecer su balance. La operación iba acompañada de un plan estratégico con el que quería liberarse, antes de 2018, de 15.000 millones de euros en activos improductivos, su gran talón de aquiles.
Pese a que la gran mayoría de accionistas acudió a la operación, los mismos registraron fuertes pérdidas, ya que los títulos del Popular cerraron 2016 con una depreciación bursátil de casi el 66%. Una importante reducción de su valor que continuó a principios de 2017, arrastrado por las dudas que generaba su futuro.
Un futuro que el banco afrontaba con la separación de la gestión de su actividad principal y del negocio inmobiliario, además de con un plan de reestructuración con el que redujo la plantilla en más de 2.000 empleados y cerró unas 300 oficinas.
Un esfuerzo que resultaba inútil, ya que el mercado y, sobre todo, el asedio de los bajistas, siguió penalizando en bolsa a la entidad, que anunció unas pérdidas récord de más de 3.600 millones de euros en 2016, consecuencia del incremento de provisiones.
20 de febrero: La falta de confianza del mercado en la entidad y de una parte del consejo en la dirección del banco, provocó la salida del presidente Ángel Ron, que tras doce años en su cargo, fue sustituido por Emilio Saracho el pasado 20 de febrero.
Un mes más tarde, también salió de la entidad el consejero delegado, Pedro Larena, cuyo puesto fue ocupado por Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz en abril.
El 5 de mayo, Popular anunció que en el primer trimestre de 2017 había perdido 137 millones, tras dotar 496 millones a provisiones por el negocio inmobiliario.
En aquel momento, Saracho ya analizaba varias opciones de futuro para el banco, que pasaban por una nueva ampliación de capital, una fusión o la venta de activos no estratégicos.
Un análisis que se llevaba a cabo de forma paralela a la cuantificación de las provisiones que debía hacer el banco para limpiar su balance de activos problemáticos.
El 16 de mayo, Popular, tras recibir muestras de interés por parte de varias entidades, iniciaba el proceso de fusión, que esperaba que estuviera decidido antes del 10 de junio.
No obstante, esta fecha tope para tomar una decisión se amplió hasta finales de junio, mientras los rumores y la presión del mercado no dejaban de castigar la acción.
En la primera semana de junio, los títulos del banco se dejaron más del 38 % de su valor, una pérdida de más de 1.000 millones de capitalización, ante rumores acerca de que la entidad tenía muchas papeletas para ser intervenida por parte de Europa, o que solicitaría una inyección puntual de liquidez.
Con la acción en mínimos históricos (0,30 euros), Popular se reunió con representantes del BCE para explicarles la situación de la entidad, que acusó una salida masiva de accionistas, como su socio Credit Mutuel.
Finalmente, el Banco Santander ha comprado el 100 % del Popular por un euro, una vez que el BCE constatara la inviabilidad de la entidad de manera independiente y "en aras a garantizar la seguridad de los depositantes".
Una compra que se produce tras un proceso competitivo organizado "en el marco de un esquema de resolución" adoptado por la Junta Única de Resolución europea y ejecutado por el FROB.
