El Estado asume que tendrá que retrasar su salida del accionariado de CaixaBank. El Gobierno, que controla el 16,1% del banco como herencia de la fusión con Bankia, prevé iniciar tras el verano los trámites para prorrogar el plazo actual, que finaliza el 31 de diciembre de 2023, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
Sin tener en cuenta este verano, el Frob, el fondo de rescate público a través del que el Estado articula su participación, tendría otras cinco ventanas para vender en varias veces su paquete. Pero se da por hecho que la volatilidad y el momento político desaconsejan la desinversión parcial o total. Además, la estrategia del Frob no pasa por deshacerse de varios paquetes en ventanas consecutivas y tampoco al final del actual límite, en otoño de 2023, que suele exigir un mayor descuento, según fuentes financieras. Fuentes del fondo de rescate público prefirieron no hacer comentarios al respecto.
Se trataría de la cuarta prórroga para que el Estado deje de ser accionista del banco por el rescate de Bankia"
Se trataría de la cuarta prórroga que el Gobierno se concede para dejar atrás uno de los episodios cruciales de la crisis financiera: el rescate a Bankia en 2012. Normalmente el Estado decide ampliar el plazo con un año de antelación. En este caso, no se descarta que se aplace la salida de forma indefinida. Será después del verano cuando el Ejecutivo tendrá que empezar a hacer movimientos y es previsible que solicite al Frob un informe que justifique que el retraso beneficiaría la recuperación de ayudas. En ese momento, los asesores recomendarían otra prórroga, a no ser que las condiciones del mercado cambien drásticamente, según apuntan fuentes financieras.
El Estado tiene un 16,1% en CaixaBank tras la fusión con Bankia, en donde la participación pública ascedendía al 62%. La entidad catalana tiene en marcha una recompra por hasta el 10% del capital, que podría elevar el peso del Estado a cerca del 18%. En el seno de CaixaBank, no obstante, se descuenta que la huella estatal tardará en borrarse del accionariado como herencia de la fusión con Bankia. De hecho, el nuevo plan estratégico del banco hasta 2024 no contempla la salida del Estado.
BFA-Bankia recibió una inyección pública de más de 24.000 millones de euros para su recapitalización y la de Banco Mare Nostrum (BMN), entidad que absorbió en 2017. La estrategia de salida del Frob ha sido a través de la venta de pequeños paquetes. Sólo se han hecho dos hasta el momento: del 7,5% en febrero de 2014 y otra del 7% en diciembre de 2017. Desde ese momento han pasado cinco años y un cambio de partido político en La Moncloa.
Recuperación de ayudas
De momento, el Estado sólo ha recuperado alrededor de 3.500 millones vía dividendos de Bankia desde 2014 y de CaixaBank en 2021, y tras las plusvalías obtenidas por las venta de dos paquetes representativos de un 14,5% en el mercado. Aunque este dinero no está en las arcas del Estado, sino que se ha quedado en BFA, la antigua matriz de Bankia, que ha utilizado estos ingresos para cubrir fundamentalmente el coste de litigios con inversores.
A favor del Estado juega ahora la revalorización de su participación en una entidad solvente y rentable como CaixaBank, que además será el banco español que más se beneficie de la inminente subida de los tipos de interés en Europa. La entidad se ha revalorizado más de un 40% en lo que va de año y el paquete del Estado ya vale casi como Sabadell, cuarto banco más grande de España.
