Inquietud en el Gobierno por los créditos para ayudar a las empresas durante el Covid. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) está preocupado por que se genere en los próximos meses una avalancha en la ejecución de los avales otorgados, que llegaron hasta el 80% en algunos casos, y que podría desembocar en un alto coste para el Estado. Incluso el organismo está trasladando de manera oficiosa a los bancos que ralenticen el ritmo de activar las garantías y así evitar un estallido repentino de la morosidad, según transmiten a Vozpópuli fuentes financieras.
La factura para el Estado asciende ahora mismo a unos 6.000 millones de euros. Los bancos, a través del ICO, inyectaron más de 140.000 millones a autónomos y empresas para afrontar sus necesidades de liquidez y desarrollar proyectos de inversión en un momento de especial tensión en la economía por la pandemia. En total, se impulsaron 1,2 millones de operaciones.
Los últimos datos del Banco de España, correspondientes a septiembre de 2022, mostraban un mayor deterioro en los préstamos con aval del ICO que en el resto de carteras: una ratio de impagos cercana al 6% frente al 5%. Pero además, más del 20% de los créditos con garantía del instituto oficial estaban clasificados en situación de vigilancia especial o en riesgo de entrar en mora, frente al 10,4% para el conjunto del crédito concedido por el sistema a empresas.
Hay que recordar que el aval del Estado llegaba a cubrir entre un 70% y un 80% dependiendo de las operaciones, con lo que el coste público con una tasa de mora del 6% superaría los 6.000 millones.
Como era de esperar, los créditos ICO están entrando en impago con más frecuencia en los primeros meses de 2023, como coinciden varias fuentes financieras. El organismo público es el encargado de dar el visto bueno final a los bancos para que se ejecuten las garantías y es aquí donde está jugando sus armas.
Más papeleos antes de ejecutar las garantías
"Ya estaba claro desde el primer momento que el ICO ralentizaría los procesos de ejecución para retrasar al máximo que aflorara la morosidad. Lo tiene muy fácil con el simple hecho de pedir extender el papeleo", explica un alto ejecutivo financiero próximo a las operaciones de los bancos con el organismo público.
Fuentes oficiales del ICO señalan que los bancos tienen que comunicar de forma progresiva los créditos morosos antes de ejecutarlos. Se hace un reporte trimestral de los préstamos impagados durante más de 90 días. Ahora bien, como enfatizan fuentes financieras, el ICO tiene muy fácil ralentizar el ritmo de ejecución, exigiendo más documentación y demorando los plazos.
Frentes legales por mala praxis
"Cabe señalar que el final de la mayor parte de las carencias de los préstamos del ICO durante el segundo trimestre de 2022 podría hacer crecer, aún más, sus ratios de activos problemáticos en el futuro, si bien no hay evidencia hasta el momento de este efecto negativo", advertía el Banco de España en un informe de finales de enero.
El ICO además tiene abierto un posible frente legal. Algunos empresarios de pymes y autónomos han demandado a los bancos para evitar devolver el 80% con el que el Estado avaló el préstamo. Según denuncian, las entidades comercializaron este tipo de crédito con la condición de que los clientes sólo tendrían que devolver el 20% en caso de dificultades.
Pero el ICO se apoya en la normativa legal de la Unión Europea para obligar a devolver el 100% y defiende que así se dejó claro en las reuniones previas a la aprobación de las líneas tanto con asociaciones empresariales como con partidos políticos.
