"El 'impuestazo' nos va a poner en una situación de desventaja con otros competidores europeos". Esta frase, pronunciada por un alto directivo bancario, es una sensación generalizada entre las entidades desde que Pedro Sánchez anunciara por sorpresa un impuesto extraordinario al sector. Y el temor va camino de convertirse en realidad: los bancos españoles pagarán más impuestos que ningún otro país en Europa.

Los diez principales bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar) pagaron en impuestos 4.836 millones de euros en los seis primeros meses de este año. Se trata de más del 20% del total de la factura fiscal de los grandes grupos financieros de la zona euro, según las últimas estadísticas del Banco Central Europeo (BCE). Sólo las entidades de Francia, que tiene un sector bancario con un tamaño casi tres veces mayor que las españolas, pagaron más: 5.777 millones.

"Estos impuestos están dirigidos a los ingresos en general de intereses o comisiones sin tener en cuenta las provisiones. Por lo que en términos de incentivos, quizá no sean exactamente adecuados"Andrea Enria, jefe de supervisión del BCE.

Pero esta tendencia puede cambiar pronto. De mantenerse el ritmo de crecimiento del negocio y extrapolando los 1.500 millones de euros al año que les costará el 'impuestazo', la factura fiscal de la banca española superaría a la que abonan al Estado los competidores franceses, según estimaciones del sector financiero. Las diez grandes entidades de España aglutinan activos por casi 4 billones de euros en conjunto, lejos de los más de 9 billones que declaran los bancos franceses.

Estas cifras recogen la aportación fiscal a nivel consolidado. Es decir, incluye el pago en impuestos de las entidades en todos los países en los que operan. Son todas las supervisadas directamente por el BCE, que tiene competencias sobre los bancos con un balance de más de 30.000 millones de euros.

Los bancos aguardan al BCE

Los banqueros se quejan de que el 'impuestazo' atenta contra el principio de igualdad y el mercado. Y preparan una batalla legal a partir de febrero de 2023, cuando está previsto que tengan que abonar el primer pago. Aunque el Gobierno y las entidades negocian distintas fórmulas para esquivar la doble imposición, según fuentes bancarias.

"Mi impresión es que, a veces, estos impuestos están dirigidos a los ingresos en general de intereses o comisiones y tasas sin tener en cuenta las provisiones. Por lo que en términos de incentivos, quizá no sean exactamente adecuados", advirtió ayer Andrea Enria, el jefe de supervisión del BCE en un acto organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). El Gobierno pretende gravar con un 4,8% los ingresos por intereses y por las comisiones en la venta de productos financieros, como seguros y planes de pensiones.

El Gobierno y el sector aguardan a la opinión del BCE para rematar el impuesto antes de que termine la tramitación parlamentaria, que se prevé ampliar hasta dentro de unas semanas. El supervisor se pronunciará este mes y podría forzar al Gobierno a rectificar la proposición de ley, registrada en el Congreso por el Grupo Socialista y Podemos.

Los banqueros creen que el Gobierno dará marcha atrás y suavizará el 'impuestazo', aunque entre las entidades se ha instalado cierto desconcierto tras las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que dejaba abierta la puerta a que el gravamen temporal se convirtiera en permanente. De hecho, desde la banca de inversión ya se temía hace unos meses que Sánchez hiciera perpetuo el 'impuestazo' si el PSOE y Podemos se mantienen en La Moncloa.