El caso Bankia sigue destapando decisiones controvertidas del Banco de España en la creación y salida a bolsa de la entidad financiera. Tras los correos internos del regulador, que arrojaban serias dudas sobre la operación, el Banco de España ha enviado esta semana a la Audiencia Nacional detalles sobre cómo se tomó una de las decisiones más importantes para Bankia a finales de 2010: permitir a las cajas sanear su balance contra reservas en lugar de contra resultados, evitando así entrar en pérdidas.
Fue una determinación que generó un amplio debate en el seno del regulador, con discrepancias por parte de la división de Normativa Contable, según reflejan los documentos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Los expertos en regulación contable manifestaron que se trababa de una posibilidad para la que “no había razones mercantiles, contables, financieras ni regulatorias”.
“La propuesta de las cajas podría contribuir a su descapitalización. […] La diferencia seria los pagos vinculados con la cifra de resultados [que no se verían perjudicados], tal como participaciones preferentes, remuneraciones a administradores y empleados […]. Con ello, los administradores de las cajas podrían verse inmersos en acciones de responsabilidad social o de otro signo por parte de los depositantes y otros acreedores, y el Banco de España a un relevante riesgo reputacional por haber consentido, con conocimiento, una reducción del patrimonio de cada una de las cajas”, añadían los críticos. Es decir, al evitar que las cajas entraran en pérdidas, podían haber beneficiado a determinados empleados e inversores, en detrimento de accionistas y depositantes.
Dictamen final
A pesar de esta visión, ganó el sí a esta propuesta de las cajas, sobre todo apoyada por el departamento de Supervisión, los que mejor conocían el día a día de estas entidades y sus necesidades para salir adelante. La decisión final que se envió a la Comisión Ejecutiva del Banco de España la tomó el entonces director general de Regulación, José María Roldán, que desde 2014 preside la Asociación Española de Banca (AEB).
Roldán se apoyó para ello en un informe de seis páginas de uno de sus directivos de confianza, José María Lamamié de Clairac, que actualmente sigue en el cuadro directivo del Banco de España. En el mismo se recogían todas las visiones internas discrepantes sobre la petición de las cajas de Bankia, pero explicaba los motivos de permitir esta jugada contable.
El debate estuvo en si realmente se podía considerar a efectos contable la unión de las siete cajas como una fusión
“En relación con los riesgos de la eventual descapitalización que pudiera producirse, entiende que son mayores los derivados por el reflejo de pérdidas en los estados individuales de las cajas para absorber los ajustes de primer integración. Adicionalmente, estas entidades serán objeto de un seguimiento continuado y la distribución a la OBS queda limitada al haber recibido los apoyos del Frob”, exponía Lamamié, en referencia a los argumentos dados por Supervisión. Así, se consideró válida la propuesta de las cajas –siempre y cuando lo aprobaran sus consejos- aceptando que la integración vía SIP (fusión fría) podría considerarse una fusión de facto, y viendo más beneficios que perjuicios en ello.
Estos documentos llegan a raíz de una petición de la acusación popular, el sindicato Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que lleva meses apuntando al papel del Banco de España en el caso Bankia. En concreto, ha pedido ya dos veces la imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), solicitud rechazada por el juez Fernando Andreu y que está pendiente de que se resuelva el último recurso.
Fuentes financieras consultadas por este medio señalan que el debate que se produjo en el Banco de España sobre esta decisión es habitual en cualquier asunto parecido, en la que los expertos en regulación se oponen siempre a priori y acaban dando el visto bueno tras ver que hay más pros que contras.