Casi el total de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en materia de cláusulas suelo fueron favorables al cliente, según ha recogido la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Precisamente, en 22 provincias españolas el porcentaje de sentencias estimatorias fue del cien por cien.
Según revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017, el 98,3 por ciento de las 9.326 sentencias dictadas en el último semestre del año sobre este asunto fueron favorables al cliente, ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, se han estimado un cien por cien de sentencias sobre cláusulas abusivas en 22 de las 50 provincias españolas. Concretamente en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.
El órgano de gobierno de los jueces destaca que en el último semestre del año 2017, se ingresaron en los juzgados especializados un total de 138.156 asuntos. A esta cifra hay que añadir otros 15.801 demandas que tuvieron entradas entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos.
Sentencias
De acuerdo a la información recogida se revela que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se dictaron 1.230 sentencias, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil. De esta cifra, el 99,3 por ciento fueron estimatorias.
Añade que las resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.096, de las que el 98,1 por ciento fueron favorables al cliente.
El Consejo General del Poder Judicial puso en marcha el pasado 1 de junio un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de carga de trabajo tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo y evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen.
El plan, que ha sido reforzado, en principio, para el primer semestre de 2018, consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia --uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-- para conocer de manera exclusiva y no excluyente las demandas interpuestas por los afectados por las cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
