El juez Juan Pablo González ha fijado fianzas solidarias de 264,4 dólares (232,7 millones de euros) para el expresidente de Bancaja Jose Luis Olivas y a otros cuatro exdirectivos de la entidad por la concesión de préstamos para el proyecto Grand Coral en el Caribe mexicano. De hecho, el juez ha impuesto también, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una fianza de 712,4 millones de dólares (627,21 millones de euros) a los dos empresarios de Benidorm a los que supuestamente favorecieron con los préstamos, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Para calcular las multimillonarias cuantías, el instructor ha tenido en cuenta que los imputados tienen un "profundo conocimiento" del mundo financiero internacional que aconseja adoptar las medidas necesarias para afianzar las responsabilidades pecuniarias que se puedan llegar a determinar.

El juez argumenta que los hechos investigados son "graves, complejos y aparentemente delictivos"

A lo largo de siete autos, González explica que los hechos investigados son "graves, complejos y aparentemente delictivos", ya que se centran en si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México por el grupo Grand Coral.

Olivas fue detenido el pasado mes de junio junto al ex director general Aurelio Izquierdo, el ex director general adjunto José Cortina, el ex consejero delegado Domingo Parra Rafael Codoñer, y uno de los que fuera miembro del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja, Rafael Tomás Codoñer, a los que también afecta la medida.

Tras pasar tres días arrestados, el juez dejó en libertad a Olivas y Parra con la obligación de comparecer quincenal y mensualmente en el Juzgado, respectivamente, pero envió a prisión bajo fianza de medio millón a Izquierdo y Cortina, que la pagaron poco después. Los dos empresarios, por el contrario, permanecen en la cárcel de manera incondicional. Los empresarios, por el contrario, permanecen en la cárcel de manera incondicional.

Cajas comprando fincas en California

González investiga las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorana en Riviera Maya, que fueron financiadas por préstamos y créditos otorgados por Bancaja , Banco de Valencia y Bancaja Miami, así como otras relacionadas con la refinanciación de la deuda del grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldó y el empresario Juan Poch, el juez cifra en 140 millones las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el fondo de rescate español, el Frob, de 246 millones, que el Banco de España elevó a 250 millones. Con esas plusvalías, los tres iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Días antes de adquirir las fincas con dinero público, los terrenos se revalorizaban y las plusvalías se desviaban después a cuentas de Suiza y Andorra

Los correos electrónicos intervenidos a los máximos directivos de Bancaja revelan el malestar de los cargos intermedios ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios. Aún así, los imputados, que mantenían una "estrecha relación" con los empresarios, no sólo "no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades", favoreciendo los intereses particulares de Ferri y Baldó en contra de los socios mayoritarios y de las entidades.

El también expresidente de la Generalitat valenciana actuó como máximo dirigente de Bancaja y Banco de Valencia, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

Recoge además los informes de la UCO en los que se recopilan las numerosas irregularidades y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas de Andorra y Suiza.

Una actuación "difícilmente explicable" para el magistrado, que añade que los viajes a Cuba de Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresarios y sufragados por estos últimos "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".