El Gobierno confía en el Banco de España para que vigile de cerca todas la renegociaciones que haga la banca de los créditos avalados por el ICO y que se realicen dentro del nuevo código de buenas prácticas. El Ejecutivo ha decidido crear una Comisión de Control que se reunirá cada tres meses para analizar los datos que todas las entidades que se adhieran a este nuevo programa tendrán que enviar al supervisor de manera regular, según recoge el BOE.
Esta Comisión estará presidida por el secretario general del Tesoro y Financiación, Carlos San Basilio, y formada por diez vocales designados por el ICO, CESCE, CERSA, AEB, CECA, la Unión Cooperativa de Crédito, la Asociación Nacional de Establecimientos Financiero, la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y un último designado por la directora general de Política Económica, Elena Aparici.
El Banco de España estará presente en estas reuniones y podrá dar su opinión pero no tendrá voto. El supervisor tendrá que comunicar con cinco días de antelación a San Basilio toda la información que está obligado a recopilar, que es la siguiente:
- El número y volumen de las operaciones para las que se ha concedido una extensión de su plazo de vencimiento, así como su plazo medio antes y después de esa extensión y también los que han sido denegados.
- También el número y volumen de las operaciones que se han transformado en préstamos participativos, así como su vencimiento medio, antes y después de la mencionada conversión y también los que han sido denegados.
- El número y volumen de las reducciones del principal pendiente realizadas de acuerdo con lo establecido en el código de buenas prácticas, el volumen de esas reducciones cubierta por aval público, y el porcentaje medio que supone sobre el principal pendiente.
- El número y volumen de las reducciones del principal pendiente solicitadas por los deudores y denegadas por la entidad financiera.
- Y por último, el número de reclamaciones tramitadas por la entidad por la denegación de la aplicación de alguna de las medidas del mencionado código, desglosándolas entre extensiones del plazo de vencimiento, conversiones en préstamos participativos, reducciones del principal pendiente u otros.
Las nuevas condiciones
Las pymes, autónomos y empresas que pidieron financiación con aval del ICO para capear la pandemia podrán alargar hasta diez años la devolución de estos créditos, así como disfrutar de un periodo de carencia superior a dos años en el pago del principal.
La principal condición es que la facturación haya caído un 30%. Además, se mantendrá el aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos, lo que permitirá mejorar la solvencia y calidad crediticia de las empresas.
Y en último lugar, se destinan 3.000 millones para que el ICO, principalmente, acompañe los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval del Estado, y los bancos apliquen quitas, reduciendo el importe nominal de la deuda y contribuyendo a la solvencia de empresas viables con problemas financieros.
