El Banco Central Europeo (BCE) ha autorizado al Banco de España (BdE) a enviar a la Audiencia Nacional un total de 731 documentos confidenciales vinculados al expediente sancionador incoado por el supervisor español a Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, y otro grupo de directivos y exconsejeros por presuntas irregularidades, según consta la documentación judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El pasado 3 de febrero, el juez José Antonio Calama envió un oficio a la entidad que preside Pablo Hernández de Cos en el que solicitaba “toda la información disponible por Banco de España sobre la financiación concedida a estos acreditados, incluidos los documentos de trabajo, si esta no estuviese incorporada al expediente”.
El supervisor entendió que el magistrado se refería al expediente sancionador que se incoó a Ángel Ron y a un grupo de directivos en 2019 por presuntas irregularidades por ocultación de refinanciaciones a empresas morosas en Luxemburgo y por el fallo en el cálculo de provisiones, en las que se produjo un agujero de más de 1.500 millones de euros.
Dado que se trata de información confidencial, la ley prevé que el BCE debe autorizar la divulgación de este tipo de informaciones en casos de colaboración con la justicia.
El BCE trasladó al Banco de España el pasado 21 de julio que había concluido el examen de la petición y que autorizaba el envío de 731 documentos confidenciales. No obstante, aún se espera que lleguen más documentos pues en el mismo escrito en el que se da 'luz verde' a la publicación de esta primera tanda, el organismo español señala que el BCE aún está valorando una serie de documentos que podrían ser incluidos en la causa.
“Los documentos identificados se refieren a documentos encontrándose aún en proceso de consulta y valoración por parte del BCE. Tan pronto sea recibida por esta institución la respuesta a dichas consultas, se procederá a su remisión a ese juzgado”, señala el BdE en este mismo escrito.
Cabe destacar que el expediente incoado por el Banco de España a Ron y a este grupo de directivos sigue abierto porque el supervisor en el momento en el que existe una investigación penal tiene que parar su investigación. Cuando la justicia dirima, el organismo presidido por Hernández de Cos podrá retomar dicho expediente.
El caso que investiga el Banco de España
La comisión ejecutiva del Banco de España aprobó la apertura el citado expediente el 22 de marzo de 2019 a instancias del BCE, que realizó dos investigaciones desde finales de 2015.
El organismo europeo realizó dos inspecciones al Popular en sus últimos años de vida y tras ese exhaustivo análisis llegó a la conclusión de que le banco se había saltado la normativa contable española, infló tasaciones de activos inmobiliarios, refinanció a promotoras en quiebra y usó sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas morosas, lo que "alteró" los resultados del grupo durante años y sus ratios de solvencia, tal y como ya publicó este medio.
La última inspección que realizó el BCE en Banco Popular se focalizó en la cartera de activos adjudicados de la entidad. Comenzó bajo la presidencia de Ron, en diciembre de 2016, y concluyó en enero de 2018, fecha en la que la entidad ya ha cambiado de manos tras su resolución y posterior venta a Banco Santander.
En este periodo, los inspectores del supervisor descubrieron numerosas deficiencias en los procesos que utilizaba el antiguo equipo gestor de la entidad para valorar los activos inmobiliarios que tenía en balance como consecuencia de la crisis, lo que provocaba un déficit de provisiones multimillonario, de entre 1.418 y 1.620 millones de euros, según los cálculos del BCE.
