El Banco de España seguirá vigilando a la banca para que deje de excluir a los mayores, a pesar de que el Ministerio de Economía haya puesto en marcha un Observatorio de Inclusión Financiera para hacer el seguimiento de las medidas adoptadas por las entidades para evitar nuevos episodios de discriminación financiera.
El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguró que el organismo que él preside analizará la "ejecución práctica y la suficiencia [de las medidas adoptadas] en los próximos meses". Asimismo, señaló que en ese mismo periodo de tiempo se presentarán los resultados de "varios trabajos que analizan en profundidad el fenómeno de la exclusión financiera en conexión con los procesos de digitalización".
En particular, se presentará una comparativa del acceso al efectivo en España frente al resto de los países de la Unión Económica y Monetaria, con especial énfasis en las diferencias entre los entornos rurales y urbanos. También se mostrará una radiografía del acceso a los servicios bancarios digitales en España y su evolución reciente.
Por último, ofrecerá un repaso de las actuaciones a escala nacional e internacional contra la exclusión financiera, que puede resultar una buena referencia para futuras actuaciones en España.
Más allá del Banco de España
Los bancos, aparte de al Banco de España, tendrán que remitir al Observatorio de Inclusión Financiera cada seis meses el número de clientes beneficiados por las medidas, número y características de las oficinas de la entidad, número de llamadas atendidas, número de cajeros y de canales adaptados conforme a las medidas adoptadas, número de empleados y de clientes que han recibido las acciones formativas previstas, y número de incidencias en cajeros y plazo de subsanación.
Más tarde, el informe será publicado en un espacio específico dentro de la web del Observatorio y los datos empleados serán puestos a disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Las tres patronales de la banca se ha comprometido a que sus asociados realicen el diagnóstico de la situación actual y adopten a la mayor brevedad posible y, como máximo, en el plazo de seis meses las medidas "ajustadas a su modelo de negocio de tal forma que se asegure a las personas mayores de 65 años y a las personas con discapacidad una atención personalizada, satisfactoria y sin demoras injustificadas".
Entre las medidas destaca la ampliación de los horarios de atención presencial que abarque como mínimo de 9.00h a 14.00h para servicios de caja. Este servicio se proporcionará en ventanilla o en cajero. Además, se dará un trato preferente a los mayores en las sucursales, con prioridad en casos de alta afluencia de público en oficinas.
