El Banco de España aconseja que se acelere tanto el retraso en la edad de jubilación (que según lo estipulado ahora irá aumentando progresivamente hasta llegar a los 67 años en 2027) como el alargamiento del periodo de cómputo para calcular la pensión (que pasará de 15 a 25 años de aquí a 2022).
El informe anual de la entidad supervisora correspondiente a 2012 publicado este viernes considera esos plazos "muy dilatados" atendiendo a la "intensificación del problema" desde que se efectuaron esos cálculos en la última reforma del sistema de pensiones hace dos años.
Además, el Banco de España cree que se debe aprobar, como está previsto en la actualización del programa de estabilidad, una definición adecuada del "factor de sostenibilidad" de las pensiones que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema para garantizar su mantenimiento a medio y largo plazo. A su juicio estas actuaciones serían "muy potentes" para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reportarían "una gran certidumbre" sobre la voluntad reformista "sin impacto apreciable en las condiciones laborales y sociales actuales".
Complementarían además las medidas que aconsejan adoptar ante la "gravedad" de la situación del mercado de trabajo, en el que contemplan un riesgo de "cronificación" de situaciones de desempleo de larga duración entre jóvenes y población de baja cualificación. Según la entidad además deben afianzarse las ganancias de credibilidad logradas en el terreno fiscal, a lo que ayudaría, dice, el establecimiento de un horizonte presupuestario de medio plazo, así como una "revisión en profundidad" del sector público, que acompañaría a la nueva autoridad fiscal independiente.
Para impulsar la competitividad -terreno en el que las reformas han sido "menos profundas", advierte- vería necesario una mayor capacidad de ajuste de precios, márgenes y costes relativos, así como "mejoras genuinas de productividad".
En particular pone sus esperanzas en la ley de los órganos encargados de la competencia, prevista para julio, y que debería "profundizar en la liberalización sectorial", así como en la liberalización de los servicios profesionales, aún pendiente.
En el caso concreto de la industria energética recomienda una "reforma en profundidad" del sector eléctrico que asegure la sostenibilidad y el grado de competencia.
En relación al mercado de la vivienda la entidad que preside Luis María Linde confía en que las últimas reformas para igualar el tratamiento fiscal de la compra y el alquiler, entre otras, contribuyan a lograr un reparto más equilibrado entre ambos regímenes.
