Los grandes bancos españoles van desgranando en comunicaciones oficiales, a su pesar, referencias al IRPH.
Bankia tiene, a 31 de marzo, hipotecas con particulares sujetas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) por importe de 1.600 millones de euros, según ha publicado recientemente la entidad en información financiera actualizada enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Se trata de la primera vez que Bankia comunica dicha información. Hasta hace poco, los bancos han tratado de evitar alusiones a los riesgos que afrontan por la judicialización del empleo de este índice.
El pasado mes de abril, en información financiera enviada por BBVA al regulador del mercado español, la entidad indicó que el importe de los préstamos hipotecarios "a personas físicas referenciados al IRPH y al corriente de pago" era de 3.100 millones de euros. Y poco antes Caixabank informó que el importe de hipotecas indexadas al mismo índice era de 6.700 millones.
Los bancos recuerdan que es un índice calculado por Banco de España
Las cifras comunicadas por Bankia y BBVA, y también Caixabank, sobre sus hipotecas referenciadas al IRPH serán valoradas a la hora de estimar el impacto que sobre sus cuentas pudiera tener una sentencia en contra de este asunto.
Hasta 60.000 millones
El próximo mes de septiembre está previsto que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el empleo que los bancos han realizado de este índice a la hora de vender hipotecas a particulares. El Tribunal, tomando en cuenta la consideración del Abogado General, dictará sentencia previsiblemente entre finales de año y principios de 2020.
El impacto económico que tendría para los bancos españoles una sentencia negativa, por las demandas que impulsarían sus clientes afectados, alcanza los 60.000 millones de euros según las previsiones más pesimistas.
Los bancos que se han referido a la cuestión en sus comunicados oficiales recuerdan que el IRPH es un índice oficial y calculado por Banco de España, y que el Tribunal Supremo lo validó en noviembre de 2017. Además advierten que la estimación de un impacto por esta cuestión es difícilmente cuantificable y que depende de varios factores (si hay retroactividad, hasta qué fecha, número de demandas...).