El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes obligar a los promotores privados a destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas o rehabilitadas de más de 600 metros cuadrados, y que el consistorio tenga derecho preferente para adquirirlas.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz ha señalado que con estos cambios el 75% de la población de Barcelona tendrá cada año acceso a unas 350 viviendas con alquileres alrededor de los 510 euros y a pisos de compra por 137.000 euros.
La norma, que permite obtener más vivienda de protección pública en el suelo público consolidado, se ha aprobado con los votos a favor del BComú, PDeCAT, ERC, PSC, CUP y los dos concejales no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé, la abstención de Cs y el voto en contra de los tres concejales del PP.
Asimismo, la que amplía el derecho de tanteo y retracto del ayuntamiento a toda la ciudad se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PP.
Nuevas licencias
La medida de reservar el 30% para VPO, pionera en toda España, la han promovido la FAVB, PAH, Observatorio DESC, ABTS y Sindicato de Inquilinos y, tras el debate, la alcaldesa Ada Colau, que fue portavoz de la PAH, manifiestamente emocionada, les ha felicitado porque "no se han rendido, han sido ejemplo y referente y han ido muy por delante de las instituciones marcando el camino desde el principio".
Colau también ha dado las gracias a los grupos políticos municipales por la "valentía" de haber propiciado este "cambio de paradigma", y ha pedido a las fuerzas políticas mantener esta mayoría para ampliar la reserva a toda el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y para que el Congreso apruebe la reforma de la ley del alquiler.
La obligación del 30% de vivienda asequible que recoge la MPGM del Ayuntamiento de Barcelona se aplicará a las nuevas licencias que se tramiten a partir de la aprobación definitiva, excepto las que acrediten transacciones efectuadas -compra de solar- entre el 1 de julio de 2016 y la aprobación inicial.
La medida que declara todo el municipio de Barcelona como área con derecho de tanteo y retracto se aplicará durante seis años, prorrogables a otros seis, e incluirá edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificaciones en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y viviendas protegidas.
