El despido de un temporal en 2015 tiene una indemnización de 12 días de salario por año trabajado frente a los 20 días del despido procedente de un indefinido. Sin embargo, BBVA y Sagardoy proponen dar la vuelta a la situación: que el temporal tenga un despido de 20 días y el indefinido un despido de 8 días en el primer año. Todo con tal de acabar con la plaga de la alta temporalidad...
El servicio de estudios de BBVA y la Fundación Sagardoy presentaron este jueves una revolución del mercado laboral español. A pesar de la opinión de sus autores, cualquiera que examine la propuesta puede apreciar en ella un recorte de la indemnización por despido y un encarecimiento de los costes laborales para el empresario. Sin embargo, se trata de una reforma esencial para que España pueda modernizar de verdad su economía, reducir la temporalidad y, en consecuencia, contar con empleos de mayor calidad y mejor retribuidos. Máxime cuando además los jóvenes sólo obtienen empleos temporales. Y a continuación explicamos el porqué.
¿En qué consiste básicamente la iniciativa que expusieron Rafael Doménech, economista jefe de BBVA, e Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados? En primer lugar, se reduce el número de contratos a tres: el indefinido, que debería adoptarse siempre por defecto. El temporal causal, que siempre que se utilice debería tener unas motivaciones muy bien delimitadas. Y el de aprendizaje, que debería legislarse y emplearse como contrato de transición hacia un puesto con carácter fijo. Es decir, que sólo se debería recurrir a la temporalidad por causas muy justificadas.
La indemnización por despido se divide en una parte que va por antigüedad y una parte que se provisiona todos los años en una cuenta de ahorro que pertenece al trabajador.
Pero, evidentemente, con eso no basta para acabar con la temporalidad. Y he aquí una de las ideas revolucionarias que deslizan BBVA y Sagardoy: proponen que la empresa provisione una parte del despido todos los años, aportándolo a una suerte de fondo o cuenta de ahorro individual que pertenece al trabajador y en la que además se podrán ir sumando las rentabilidades obtenidas porque se invierta ese capital. Dicha aportación consistiría en unos 8 días trabajados por año o, lo que es lo mismo, el 2,19 por ciento del sueldo bruto anual. Es decir, sugieren que en el caso de que un empleado sea despedido, éste pueda cobrar como indemnización ese dinero que ha ido guardando de forma anual. O bien que lo sume a su jubilación si no ha tenido necesidad de gastarlo, en cuyo supuesto a razón de una rentabilidad del 2 por ciento durante 25 años podría obtener 1,3 veces el sueldo anual al retirarse.
Este modelo ya se ha implantado en Austria con mucho éxito e incluso lo estudió en su momento el ministro Corbacho. La iniciativa se aplicaría a todos los nuevos contratos y de forma voluntaria a los antiguos. Aunque el debate que se abre es si este cambio supondrá unos mayores costes para el empresario cuando fichen a nuevos empleados... O si el trabajador tendrá que cobrar menos en su nómina mensual al tratarse de un salario diferido que podrá ingresar más adelante. Y éste es uno de los puntos que puede hacer despertar muchas resistencias tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. En defensa de la propuesta, BBVA argumenta que el empresario simplemente provisiona, haciendo explícito un coste que en cualquier caso soportaba de forma implícita.
Con este nuevo sistema, el indefinido tardaría cuatro años en igualar el coste del despido del temporal.
La otra pata bastante espinosa consiste en una rebaja de la indemnización por despido de los indefinidos al tiempo que se encarece el despido del temporal. El eventual tiene a partir de 2015 12 días de indemnización, a los que se añadiría los 8 de la mochila y por lo tanto el total quedaría en unos 20 días. Esto es, se encarecería sustancialmente la contratación temporal, lo cual se sumaría a unas cotizaciones ya más altas en este tipo de contratos.
Por el contrario, el indefinido añadiría a la mochila de 8 días una indemnización por antigüedad que se incrementaría gradualmente. Así, en el primer año únicamente conseguiría los 8 días de mochila como indemnización. En el segundo, a los ocho días de mochila se le sumarían 4 para hacer un total de 12. En el tercero, 8 días de la bolsa más otros 8, con lo que harían 16 días. Y en el cuarto se añadirían a los 8 otros 12 días, lo que al final haría los 20 días contemplados en la actualidad para el despido procedente de un indefinido. Como se puede comprobar en el gráfico, se tardarían cuatro años en tener derecho a 20 días de indemnización y, por consiguiente, hay una rebaja muy importante del despido fruto de este nuevo sistema mixto de indemnización. En pos de la contratación estable, se encarece el eventual pero se abarata el indefinido.
Y lo mismo ocurre con el despido declarado improcedente. A los 8 días se añadirían desde el primer momento 4 días de salario por año trabajado, que a su vez irían creciendo a razón de 3 días por año de antigüedad hasta un máximo de 25. De modo que no se alcanzarían los 33 días de indemnización del despido improcedente hasta que hayan transcurrido 8 años en el mismo puesto de trabajo.
En definitiva, la propuesta recuerda mucho a la del contrato único, que también establecía una indemnización creciente conforme el trabajador se afianza y gana valor en la empresa. Y es que esta propuesta pretende atajar los mismos problemas que buscaba solventar el denostado pero necesario contrato único: un mercado laboral dual que protege mucho a unos trabajadores y deja sin protección a otros, sobre todo a los más jóvenes y los menos formados.
El problema del desempleo estructural
Durante los años previos a la crisis, España aumentó su población ocupada en unos 7 millones de efectivos gracias a la construcción, la incorporación de la mujer y la inmigración. Sin embargo, muchos de estos empleos eran temporales y poco cualificados, por lo que en cuanto estalló la burbuja resultaron los principales damnificados. Y como consecuencia ahora la economía arrastra una larga masa de trabajadores poco preparados y, por ende, más difíciles de recolocar.
De acuerdo con los cálculos que manejan BBVA o la Comisión Europea, ese paro estructural se cifra en el 17 por ciento, es decir unos 3,4 millones de desempleados que serán muy difíciles de recuperar incluso si retorna un ciclo positivo. Probablemente sea una cantidad algo exagerada, pero también es cierto que la construcción no tiene pinta de tirar de nuevo con fuerza, el turismo ya se encuentra en máximos históricos, y no parece que otro sector pueda por sí solo coger el relevo y ocupar a tantos trabajadores de baja cualificación. Por eso, se antoja esencial que se penalice la temporalidad y los parados puedan optar a trabajos más estables, en los que poco a poco se hagan con una formación, la empresa invierta en ellos y, al final, puedan ascender en su carrera laboral.
Además, el sistema actual provoca que el trabajador obtenga muchos derechos de golpe al convertirse en fijo, en ocasiones sin que éste haya adquirido todavía una productividad suficiente como para que el coste de esos derechos compense a la empresa. De ahí que se levante una barrera en ese preciso instante de tener que convertir a un empleado en indefinido, lo que a su vez explica que abunden los empresarios que se quitan de problemas y optan por la contratación temporal. En cambio, si el trabajador puede ganarse esos derechos gradualmente conforme se hace más productivo para la empresa, entonces tendrá más posibilidades de afianzarse y quedarse con un puesto. Aun a costa de perder algo de indemnización por despido, se trata pues de fomentar el cambio de modelo hacia un empleo más formado, más estable y mejor pagado. No en vano, según los números de BBVA, un indefinido cobra de media un 15 por ciento más que un eventual.
En la actualidad, el mercado laboral condena a los jóvenes a la temporalidad, mientras que los mayores de 40 copan la contratación indefinida. De aprobarse, la propuesta de BBVA y Sagardoy podría mejorar la situación de los jóvenes y suponer un auténtico pacto intergeneracional. Una lástima que vaya a inspirar tanto rechazo como el contrato único.
