El coste de la nacionalización del Banco Português de Negócios (BPN) llegó a 2.205,5 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas portugués, hasta finales de 2013, donde además alerta que puede haber más “agujeros” en relación al caso.
El Tribunal apunta que estos “agujeros” pueden surgir vinculados con la sociedad Parparticipadas, una de las tres que se quedaron con activos del banco a raíz de su nacionalización en noviembre de 2008, según Efe.
El documento aclara que es posible que el Estado necesite capitalizar esa sociedad, en el caso de que no pague el préstamo que contrajo con la Caixa General de Depósitos (CGD), por un montante en deuda cifrado en 90 millones de euros a finales de 2012.
La factura total de la nacionalización de la entidad hasta finales de 2013 asciende a 2.543 millones, aunque a este dato hay que descontar los más de 340 millones que se recuperaron tras la venta de algunos activos.
El Tribunal de Cuentas recuerda que el Estado se quedó con activos tóxico de la entidad que fueron integrados en tres empresas públicas: Parparticipadas, Parvalorem y Parups. Desde entonces, el Estado sigue asumiendo costes vinculados, por ejemplo, a las amortizaciones de préstamos que habían sido concedidos al banco o a litigios y compromisos que había asumido.
Tras su nacionalización por riesgo de quiebra, Portugal puso a la venta el BPN en agosto de 2010 y, en marzo de 2012, consiguió cerrar la operación con el banco BID de Angola por 40 millones de euros.
La entidad, la primera en ser nacionalizada en Portugal desde el regreso a la democracia en 1974, fue intervenida por su gestión irregular, con pérdidas de unos 700 millones de euros, según el Gobierno de entonces.
El caso estuvo íntimamente ligado a la política lusa desde su inicio, ya que el BPN -una entidad pequeña y con escasa clientela- estaba dirigido en el momento de su nacionalización por personas cercanas al Partido Social Demócrata (PSD, conservador), que incluso habían ocupado cargos de responsabilidad en varios de sus gobiernos. Los conservadores portugueses, entonces en la oposición, cuestionaron la decisión de intervenir la entidad y aseguraron que detrás podía haber motivaciones políticas.
