La Comisión Europea (CE) sugiere en un informe remitido al TJUE que inste al Tribunal Supremo español a cambiar su doctrina sobre el IRPH, que estableció que la mera referencia de una hipoteca a este índice no implica falta de transparencia ni es un abuso.
La Comisión se refiere a una cuestión prejudicial elevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el juzgado de Instrucción nº 38 de Barcelona por la comercialización del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), en la que cuestionaba que el Tribunal Supremo se ajuste a la doctrina europea en materia de transparencia.
En noviembre de 2017, el alto tribunal español fallaba a favor de los bancos tras estimar que la mera referencia de una hipoteca a este índice oficial no implicaba un abuso respecto al consumidor, un fallo que contó con el voto particular de dos magistrados, Francisco Javier Orduña y Francisco Javier Arroyo, que consideraron "no ajustado a derecho".
Ahora, cuando aún no se ha pronunciado el TJUE, y tras la cuestión elevada por el juzgado de Barcelona, la Comisión Europea "propone" que sea incumbencia del juez nacional "dejar sin aplicación una cláusula contractual como esta, caso de estimarla abusiva, manteniendo el resto del contrato si el mismo puede subsistir sin dicha cláusula".
En todo caso, prosigue el informe de la Comisión, corresponde "a dicho juez nacional valorar de forma objetiva y a la luz del Derecho nacional si el contrato en cuestión puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva".
En caso contrario, si la nulidad del contrato en su conjunto es perjudicial para los intereses del consumidor, y si en el derecho nacional aplicable no existe una disposición que pudiera permitir la subsistencia del contrato, el juez competente "debe dar al consumidor la posibilidad de declarar su intención de que el contrato se mantenga".
Y en ese caso, el juez dará "un plazo razonable" a ambas partes para que acuerden un índice sustitutivo, "respetando el principio de transparencia, y con la plena restitución, en su caso de las cantidades indebidamente pagadas".
La presidenta de la asociación de usuarios Asufin, Patricia Suárez, celebra el contenido del informe y recuerda que muchas viviendas de protección oficial "se rigen por el IRPH dictado desde el Consejo de Ministros"