La Comisión Europea da pistas de su idea para reformar el mercado mayorista de la electricidad. Tras recibir las propuestas de los países miembros, Bruselas desliza esta semana en un borrador un portazo de forma definitiva al plan que exponía España, que busca en esencia una mayor intervención del mercado por parte de los estados.
Los representantes comunitarios ponen encima de la mesa mejoras del mercado con más contratos a largo plazo, una protección a las familias y un mercado flexible. “La propuesta aborda las preocupaciones de los consumidores, la industria y los inversores sobre la exposición a la volatilidad de los precios a corto plazo, impulsada por los altos precios de los combustibles fósiles”, explica el borrador al que ha tenido acceso este medio.
Su objetivo es “optimizar” el actual diseño del mercado de la electricidad al complementar los mercados a corto plazo con un mayor papel de los instrumentos a más largo plazo. “Esto permitirá a los consumidores beneficiarse de contratos de precio más fijo y facilitará las inversiones en tecnologías limpias”, detalla. En última instancia, Bruselas quiere que exista menos generación de combustibles fósiles y lograr precios más bajos para los consumidores, debido a los bajos costos operativos de la energía renovable y baja en carbono.
Su borrador no pone encima de la mesa una reforma estructural, la Comisión Europea plantea ciertos elementos que faltan en el diseño actual o hay que desarrollar más. El foco se pone en la mayor participación del mercado a plazo y, en particular, en un mayor papel de los contratos bilaterales o PPA (Power Purchase Agreement) eliminando barreras para mejorar la liquidez de los mercados a largo plazo.
Al contrario que la propuesta liderada por Teresa Ribera, Europa ve los contratos por diferencia (CfD) como un mecanismo de apoyo a nueva generación eólica, solar, geotérmica, hidráulica fluyente y nuclear. Pero no una imposición a la generación ya existente.
Bruselas quiere más flexibilidad
“Para proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios, la propuesta contemplará el derecho a contratos de precio fijo, así como a contratos de precio dinámico, el derecho a contratos múltiples, con una información mejor y más clara sobre los contratos”, detalla el borrador que se maneja en la Comisión Europea.
Una declaración de intenciones que consiste, principalmente, en forzar a las comercializadoras a que vendan productos a precio fijo y que éstas informen mejor con una gestión de riesgos adecuada. “De esta forma, los consumidores reacios al riesgo pueden fijar precios seguros a largo plazo para evitar sorpresas y/o pueden optar por tener contratos de precios dinámicos con los proveedores si desean aprovechar la variabilidad de los precios para usar la electricidad cuando es más barata, como es el caso de la carga coches eléctricos o las bombas de calor”, expone Bruselas.
Se necesita una reforma fundamental para facilitar las inversiones necesarias frente a la reciente volatilidad de los precios, las intervenciones regulatorias descoordinadas y las barreras regulatorias y de red a la entrada
En los contratos bilaterales o PPAs abre dos frentes que se interpretan positivos para España. Por un lado, que se ayude a cubrir el riesgo de crédito a las empresas para que puedan firmar estos PPAs. Y, por otro lado, crear una plataforma o hub virtual en el que se pueda negociar estos contratos o productos a plazo a nivel europeo.
“Para facilitar las inversiones necesarias frente a la reciente volatilidad de los precios, las intervenciones regulatorias descoordinadas y las barreras regulatorias y de red a la entrada, se necesita una reforma fundamental”, destaca la Comisión Europea en su texto. Una frase que casa con las críticas lanzadas por múltiples sectores energéticos contra la medida que proponía España.
IWC
Ribera está amortizada, todo el mundo en el sector lo sabe.