La Comisión Europea ha tomado la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer una directiva relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.
Los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) son informaciones personales que proporcionan los pasajeros y que recogen y conservan las compañías aéreas. Incluyen datos como el nombre del pasajero, fechas de vuelos, itinerarios, asientos, equipaje, información de contacto y medios de pago.
La Directiva sobre el PNR regula la transferencia de dichos datos a las autoridades policiales de los Estados miembros así como el tratamiento de los mismos a fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves.
El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre un texto transaccional en diciembre de 2015 y se aprobó su posición y se adoptó la directiva en abril de 2016. Los Estados miembros disponían de dos años para aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha directiva.
Bruselas dice que la directiva es necesaria
Bruselas argumenta que esta directiva es necesaria, pues "las actividades terroristas y de delincuencia organizada a menudo conllevan desplazamientos internacionales". En respuesta a la supresión de los controles en las fronteras interiores en virtud del Convenio de Schengen, la UE prevé el intercambio de datos personales entre autoridades policiales.
El sistema PNR complementa los instrumentos que ya existen para hacer frente a la delincuencia transfronteriza. El tratamiento de datos PNR permite a las autoridades policiales descubrir a las personas no sospechosas de realizar actividades delictivas o terroristas antes de que un análisis específico de los datos muestre que podrían serlo.
