No habrá Ley de Función Pública. Al menos, esta polémica norma no será un requisito para que la Comisión Europea avale el cuarto pago del Plan de Recuperación, a cambio de 8.000 millones. Es una de las leyes comprometidas en este tramo que se estaban tramitando, y decayeron cuando Pedro Sánchez convocó elecciones y disolvió las Cortes el 29 de mayo. Según trasladan fuentes gubernamentales, Bruselas ha eximido al Gobierno en funciones de la obligación de aprobar la ley a cambio de que el Ministerio de Hacienda apruebe regulaciones en sentido similar; eso sí, sin rango de ley y, por lo tanto, según estime oportuno.

Se trata de un cambio de calado en varios sentidos. De entrada, porque a diferencia de otras leyes comprometidas en el tramo, y que estaban a punto de ser aprobadas (como la del Cliente Financiero), la de Función Pública había entrado en el Congreso, pero estaba poco madura y su aprobación de presentaba muy complicada. De hecho, se trataba de una de las normas más polémicas y con más contradicciones de la legislatura, con enfrentamiento abierto entre PSOE y Podemos en las enmiendas; y una gran contestación de los altos funcionarios del Estado, especialmente de los inspectores de Hacienda. En este sentido, la disolución de las Cortes se recibió con alivio en muchos ámbitos de la Función Pública.

Pues bien, este martes se ha desvelado que en la adenda del Plan de Recuperación, a cambio de 93.000 millones, el Gobierno ha negociado con Bruselas que esta ley no se recupera. Pero, en cambio, Hacienda tiene el aval comunitario para aprobar lo que estime oportuno, sin control.

¿Qué contenía la ley que recibe ahora el espaldarazo de la Comisión para que se haga mediante resoluciones internas de Hacienda? Originariamente, la Ley de Función Pública intentaba establecer más controles a la evaluación por desempeño, carrera y movilidad de los funcionarios. Algunos de estos fueron matizados en el texto que finalmente entró en el Congreso. Lo que más preocupaba a los altos funcionarios del Estado es la Disposición Adicional Séptima, que arroga la capacidad al Gobierno recolocar funcionarios y cuerpos a su antojo. "Se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes", dice.

En palabras de los inspectores de Hacienda, "carta blanca para modificar los cuerpos y las escalas de la Administración General del Estado durante un periodo de seis meses, siendo ésta una facultad que corresponde al legislativo". Así, estipulaba que podría hacerse inspectores a los técnicos mediante un Real Decreto en los primeros seis meses de la próxima legislatura.

En este sentido, los inspectores hicieron hecho público un comunicado en el que denunciaban que era una "importante cesión a grupos de presión politizados" y que así se consagra una colocación "a dedo".

Con todo, esta Disposición ponía algunos límites a la capacidad del Gobierno: "Transcurrido dicho plazo, la creación, modificación o supresión de los cuerpos y escalas sólo podrá realizarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley". Ahora ni siquiera habrá estos controles.

Con esta norma llovía sobre mojado tras meses se protestas por parte de los inspectores de Hacienda, por un acuerdo del 3 de noviembre de 2022 entre Hacienda y sindicatos. Éste permite hacer funcionarios a interinos con un test, algo que se percibe como un proceso de podemización de la Función Pública.

Ahora, incluso la propia Comisión Europea bendice estas políticas sin control, cuando el objetivo de las reformas que exige sobre función Pública pretenden acabar con la interinidad.

Los inspectores de Hacienda, a los tribunales

Este acuerdo del Gobierno con Bruselas se ha conocido cuando el pasado viernes la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) anunció que va a recurrir las oposiciones convocadas ese día en el BOE para el cuerpo de inspectores por "vulnerar los principios constitucionales". Permite nombrar interinos a personas que no han aprobado la oposición ni desde luego superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales, que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición. Se trata de la puesta en marcha por parte del Gobierno del proceso selectivo para cubrir 144 plazas, por el sistema de acceso libre; y 69 plazas, por promoción interna -un total de 213 puestos-, en el que la inclusión de interinos es para los inspectores "un intento más de colonización de la Administración".

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera "contrario a la más elemental lógica que una persona, sin haber superado el proceso selectivo -que es la garantía de estar en posesión de los conocimientos esenciales para su desempeño profesional, como predica la exigencia constitucional de capacidad para el acceso a la función pública-, pueda desarrollar una función tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda".

En este sentido se ha pronunciado Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, en Vozpópuli (Inspectores de Hacienda por dedazo de MJ Montero): "Los convertidos en inspectores por decisión de la mayor de las Montero no habrán tenido que demostrar que disponen del nivel de conocimientos que se precisa para cumplir las tareas de la inspección tributaria y que tampoco habrán tenido que competir -en mérito y capacidad- con otros aspirantes. En estas condiciones, pocas dudas caben sobre la vulnerabilidad de este tipo de inspectores interinos a las órdenes y/o presiones del poder que los ha nombrado digitalmente y que, también de forma digital, puede dar por finalizada su condición de funcionario interino. No cabe mayor barbaridad y hay que convenir que la tropelía proyectada por Montero 'la mayor' es la vuelta a la Administración de los cesantes y cesantías que caracterizó una buena parte de la Historia no democrática de España. Por poner dos ejemplos de actualidad, con la aberración proyectada, cualquier Puente o Viondi podría ser investido sin más como inspector de Hacienda ¿Cabe mayor desamparo para aquél que sea inspeccionado por alguien así?".

Miles de interinos se cuelan en la oferta de empleo público

Otro ejemplo más de esta podemización de la Función Pública se vio en el BOE este verano. El Consejo de Ministros aprobó el 11 de julio, en plena campaña electoral, una Oferta de Empleo Público (OEP) récord en 2023. El texto establece un mecanismo para hacer funcionarios a interinos y para promocionar funcionarios con un test y una sobreestimación de méritos.

Sobre los interinos, se vuelve a abrir la ventanilla para hacerlos funcionarios hasta 31 de diciembre de 2024 -posibilidad que se cerró el 31 de diciembre de 2022- y así intentar que la temporalidad en el sector público quede por debajo del 8%, que exige la Comisión Europea.

En lo que respecta a promocionar funcionarios, en aras de la "retención del talento", y "en beneficio de la propia organización y, por tanto, en una prestación más eficiente de los servicios públicos", el acuerdo establece que "la oferta de empleo público 2023 debe destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre" y estipula que "los procesos selectivos de promoción interna que se convoquen impulsarán el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 3 de noviembre de 2022".

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