La crisis de Ucrania ha impulsado a Bruselas a buscar a medidas de urgencia para frenar el impacto en los hogares y la industria de los altos precios de la energía. Una de las nuevas medidas que ha impulsado la Comisión Europea es que los países miembros puedan quitar a las eléctricas la retribución que reciben en algunas centrales por un CO2 que no emiten. Un impuesto del que se benefician tecnologías como las nucleares o la hidroeléctricas que son operadas en España por los grandes operadores eléctricos como Iberdrola, Endesa, EDP o Naturgy.
Una medida que la ministra Teresa Ribera lleva defendiendo desde el pasado mes de julio, que estaba pendiente de su debate parlamentario y que ahora, con la crisis energética provocada por la crisis de Ucrania, Bruselas ha puesto encima de la mesa para todos los países miembros. "En la situación de crisis actual, los estados miembros pueden tomar medidas fiscales excepcionalmente que busquen capturar parte de los rendimientos que obtienen ciertos generadores de electricidad", explican el documento que ha presentado este martes el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson.
La medida pretende que estos ingresos que se quitará a las centrales inframarginales se repercuta en la factura final de los consumidores de electricidad y que hagan frente a los altos precios actuales del gas. "Al mismo tiempo, preservaría los precios marginales de electricidad al por mayor eficientes necesarios para un despacho eficiente y un acoplamiento de mercado en el mercado eléctrico único europeo", destaca el comunicado emitido por Bruselas. "Sin embargo, tal medida debería diseñarse cuidadosamente para evitar distorsiones innecesarias del mercado, al tiempo que incentiva la inversión adicional en energía renovable", añade.
La Comisión hace referencia a los datos de la Agencia Internacional de la Energía, que apuntan que esta medida pone a disposición de los países hasta 200.000 millones de euros en 2022 para compensar parcialmente las elevadas facturas energéticas. "Tales medidas no deben ser retroactivas, pero deben ser tecnológicamente neutrales y permitir que los productores de electricidad cubran sus costes y protejan las señales del precio del carbono y del mercado a largo plazo", puntualizan.
Bruselas pide requisitos
Para Bruselas este recorte de los 'beneficios caídos del cielo' debe tener un duración limitada y estar vinculada a una situación de crisis específica. "La medida no debería afectar la formación de precios mayoristas de electricidad basados en costes marginales expresados por la curva de mérito, preservando así la eficiencia de las señales de precios para decisiones operativas de corto plazo. En caso de duda, se deben recuperar niveles más bajos de ganancias excesivas para evitar impactos en la formación de precios", consideran desde la Comisión Europea.
Su plan exige que estas rentas "inframarginales adicionales" se recuperen por los países solo en aquellos períodos de tiempo en que las plantas de gas son marginales y en la medida en que dichas rentas adicionales generen beneficios excepcionales a aquellas centrales que no emiten CO2.
"El método para el cálculo de las rentas que se considerarán "excesivas", vinculadas al entorno de crisis específico, y los mecanismos de activación/desactivación tendrían que estar claramente especificados y justificados. Para evitar cualquier uso arbitrario que daría lugar a graves distorsiones, los mecanismos de “beneficios extraordinarios” tendrían que definirse sobre la base de criterios y eventos objetivos y verificables", explica la comunicación de Bruselas.
La duración del impuesto también debe estar claramente limitada en el tiempo, no más allá del 30 de junio de 2022, sobre la base de estos criterios bien definidos.
