“La viabilidad del fútbol está en juego por la decisión unilateral de una ministra que no ha leído ni cinco páginas del funcionamiento económico de los clubes de LaLiga”. Así de contundentes y enfadados se encuentran en los despachos de la patronal del fútbol español tras el veredicto cautelar al Barcelona, que ha permitido que se inscriba a Pau Víctor y Dani Olmo como jugadores del primer equipo, a pesar de que se les prohibió por no cumplir con el fair play financiero.
La institución dirigida por Javier Tebas no ha dudado en cargar contra la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Gobierno, por la concesión de la cautelarísima. En concreto, LaLiga entiende que “la Resolución se ha adoptado sin haber dado traslado del recurso ni haber dado trámite de alegaciones a la patronal del fútbol ni a la RFEF, por lo que en estos momentos se desconocen los argumentos esgrimidos por los jugadores y el FC Barcelona en el recurso”. Por eso, van a estudiar mecanismos legales para frenar la imposición del Ejecutivo.
El propio presidente de LaLiga fue mucho más allá y atacó al Ejecutivo y al Fútbol Club Barcelona por la medida. Tebas tildó la maniobra de “tragicomedia”. En concreto, indicó que le sorprende “la celeridad del proceso” y la "rapidez inusual que no dio lugar a vista ni a LaLiga ni a la RFEF"; también el "olvido de resoluciones anteriores, ignorando decisiones previas tanto del CSD como de los tribunales de justicia" y la "declaración de falta de competencia de la Comisión de Seguimiento", dado que "esta decisión demuestra un desconocimiento profundo sobre cómo se gestionan los visados previos y las licencias cuasi definitivas". Y se pregunta: "¿Acaso no hay acuerdos previos en estas instituciones?"
"Precedente preocupante"
Pero dentro de la patronal del fútbol español se lamentan de lo que puede estar por llegar, una vez que el Barça ha conseguido sortear las reglas a través del CSD. LaLiga ha marcado un férreo control económico para que los clubes cumplieran con las exigencias. Dicho seguimiento lleva efectuándose desde la temporada 2013/2014, principalmente para indicarles cómo deben elaborar su presupuesto con base en el año anterior; evitar que los clubes contraigan deudas con las diferentes administraciones públicas, empleados, proveedores u otros clubes y ayudarles a calcular el dinero que van a poder gastar en fichajes para la temporada venidera.
“Esto es un precedente preocupante para el fútbol español. Un club no ha respetado las reglas con las que todo el mundo juega y ha acudido al CSD para poder inscribir a dos futbolistas cuando las leyes dejan claro que no podían hacerlo”, relatan fuentes de un club de Primera División.
El primer club en hacer pública su postura ha sido la UD Las Palmas. El equipo insular considera que se abre una nueva etapa, dejando en evidencia el control económico de LaLiga. "Su impacto pone en peligro el sistema de Control Económico de LaLiga, una herramienta reconocida y elogiada en la Ley del Deporte, que ha sido esencial para garantizar la sostenibilidad económica de los clubes. Este sistema, admirado internacionalmente, ha permitido salvar a numerosas entidades históricas de la ruina sin dejar de asegurar una competición equilibrada tanto dentro como fuera del campo. Ahora, esta medida del CSD contradice directamente los principios establecidos en dicha ley, generando incertidumbre sobre el futuro del fútbol profesional español", señala en un comunicado.
“El Gobierno ha entrado en reglas de competición y es un precedente muy peligroso y se puede burlar el espíritu de la norma para que no haya dopaje financiero”, remarcan fuentes cercanas a LaLiga.
“La Administración debe ser ejecutiva. El argumento del Gobierno que sostiene que el Barça está inmerso en la Supercopa y que es un club de los más importantes del mundo ha traspasado una línea roja, que no debería haberse pisado”, relatan en conversación con este periódico.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha sido tajante con la decisión adoptada por el Gobierno, si bien aún no ha emitido un comunicado oficial dando su punto de vista. Su presidente, Javier Louzán, dijo en la previa del Barcelona-Mallorca de Supercopa de España que su organismo “cumplió con la legislación actual” y que “respeta la decisión del CSD”, si bien no entiende la postura del ente controlado por el Gobierno.
Conviene recordar en este punto que las inscripciones de Olmo y Pau fueron denegadas por los jueces de lo Mercantil y de lo Civil. Conviene recordar que en el caso de Dani Olmo, el internacional español se encontraba ocupando la plaza de Andreas Christensen, lesionado de larga duración, hasta el pasado 31 de diciembre de 2024. Fue precisamente esa sustitución la que permitió su inscripción hasta final de año, excediendo el límite de capacidad de inscripción a 31 de agosto de 2024.
Torpedo en línea de flotación
Por otra parte, los juristas especializados en deporte tampoco comparten la decisión del Consejo Superior de Deportes. Josep Vandellos, abogado especializado en legislación deportiva, considera que el veredicto del CSD es “difícil de entender jurídicamente”.
El experto rechaza la cautelar propuesta desde el organismo dependiente de Moncloa, más aún cuando los jueces de lo Mercantil y lo Civil se opusieron a la maniobra propuesta por el Fútbol Club Barcelona. “Es sintomático que un órgano administrativo llegue a una conclusión distinta al legislativo. Es un precedente muy peligroso”, arguye.
Por último recuerda el caso de Pedro León como precedente en el que el Consejo Superior de Deportes no le concedió la licencia deportiva y no pudo ser inscrito. “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le denegó al ex futbolista sus deseos, una situación parecida a la de Olmo, y el CSD actuó en consecuencia, algo que no ha hecho ahora”, finaliza.
