Cristóbal Montoro quiere controlar el destino de todo el dinero que preste a Cataluña mediante el Fondo de Liquidez Autonómico, hasta el punto de exigir facturas y justificantes del gasto.
El titular de Hacienda pretende asegurarse que la comunidad catalana cumpla con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento a finales de año. De esta forma, el Ministerio podrá incluso vetar desembolsos que no considere esenciales, lo que ha provocado una gran indignación en el Ejecutivo presidido por Artur Mas.
La Generalitat ha aumentado el gasto durante la crisis a razón de unos 1.000 millones por año desde 2009 a 2011. En 2012, prevé hacer un recorte de 2.900 millones. El capítulo de personal se ha reducido en un 1 por ciento en 2010, un 4 por ciento en 2011 y se estima que en un 7 por ciento, casi 600 millones, para 2012, según datos de los planes económico-financieros de la comunidad.
La mayor parte de estos ahorros proceden de recortes de salarios y horas, pues el personal apenas ha disminuido. El problema reside en que desde 2005 a 2011 la autonomía engordó el número de trabajadores en un 12 por ciento. Ahora, la Generalitat argumenta que intenta proteger el empleo.
La otra partida que no se rebaja sustancialmente son los 500 entes y empresas públicas que mantiene la comunidad. CiU considera que resultan esenciales para la construcción de una estructura de Estado.
Cataluña ha recibido entre líneas ICO, plan de proveedores y anticipos más de 5.000 millones. Y si la Generalitat se acoge al Fondo de Liquidez Autonómico, entonces tomará otros 5.000 millones. Más de 10.000 millones en total que representan casi un tercio de los ingresos previstos, lo que a su vez cuestiona el estado de las finanzas catalanas.
El Gobierno de Rajoy también ha permitido que la comunidad catalana pueda endeudarse más, en unos 5.000 millones hasta 2013.
Por todo ello, Montoro prefiere reservarse la última palabra sobre cualquier partida que disponga el Gabinete de Artur Mas. Miembros del Govern creen que se trata de una intromisión inaceptable y éste es uno de los puntos calientes de las discusiones entre Moncloa y el Gobierno catalán. En varias ocasiones, los catalanes han llegado a amenazar a Madrid con impagos en las nóminas. La Generalitat había afirmado que conseguirían los recursos “sin condicionantes políticos”.
Además, tal y como adelantó Vozpópuli, el Ministerio hará firmar a Artur Mas una especie de memorando de entendimiento con medidas concretas a cambio de la ayuda del Estado central, precisamente la misma estrategia que ha seguido la UE con España.
Cataluña insistió en que se modificase el sudoku de la financiación para que se quedase con una mayor parte de los impuestos recaudados: un 50 por ciento del IRPF, IVA e Impuestos de Sociedades y un 58 por ciento de los Impuestos Especiales. El reparto del IVA se hace de acuerdo a unas estimaciones del consumo realizado en cada región. El cambio se llevó a cabo para beneficiar a los catalanes. Sin embargo, el tiro ha salido por la culata, porque la recaudación se ha desplomado.
La comunidad tiene acumulada 40.000 millones de deuda, ha de hacer frente a más de 4.500 millones en vencimientos durante el último tramo del año y su déficit supone el 20 por ciento del de todas las CCAA. Sin contar los anticipos, Cataluña tiene declarado el déficit hasta julio en el 1,01 por ciento del PIB cuando el objetivo se encuentra en el 1,5 por ciento para todo el 2012.
