El coche eléctrico va a marcar el futuro de la industria automovilística española, un proceso de reestructuración profundo al que le queda aún mucho camino por recorrer y que estará marcado por las millonarias inversiones necesarias para acometer una transformación en tiempo récord. Y en esas inversiones las ayudas europeas juegan un papel esencial, principalmente las destinadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del automóvil, que irán a parar sobre todo al vehículo eléctrico.
El Gobierno acaba de aprobar este primer PERTE que se concibe como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial y tiene un objetivo claro: la creación de un ecosistema industrial para fabricar y desarrollar de manera integral el vehículo eléctrico y conectado en España. Un primer paquete de ayudas que contemplan 3.000 millones de euros, 1.500 de ellos en ayudas directas y otros 1.500 en forma de créditos, siempre ligados a la inversión privada. De hecho, de los 24.000 millones previstos para movilizar en los próximos tres años, sólo 4.300 vendrán de los fondos Next Generation EU.
Acceder al dinero no va a ser una tarea fácil pues no irá destinado a empresas o fabricantes a título individual, sino que será necesario contar con un participante de cada uno de los tres bloques obligatorios: fabricante de baterías, fabricante de automóvil y fabricante de componentes. El objetivo es potenciar "todos los elementos de la cadena de valor". Las bases tienen que ser todavía publicadas en el BOE, bajo criterios de "concurrencia competitiva" y con un impacto en un mínimo de dos comunidades autónomas. Posteriormente, las empresas interesadas podrán registrar las agrupaciones para solicitar los fondos.
¿Y qué fabricantes se perfilan como los principales candidatos a hacerse con las ayudas? A tenor de todo lo anterior, Cataluña y Navarra parten como grandes favoritas, toda vez que las fábricas del Grupo Volkswagen en España se localizan en esas dos comunidades –Seat en Barcelona y Volkswagen en Navarra–, y han anunciado ya su plan de inversiones para los próximos cinco años. La multinacional alemana ha informado de que prevé producir en la fábrica de Martorell varias marcas de vehículos eléctricos compactos y, en la fábrica de Pamplona, eléctricos de la clase SUV, aunque ha asegurado que "la decisión final depende de las condiciones generales de la ayuda pública".
Futuro eléctrico
Es una forma de “presionar” al Gobierno para que buena parte de esas ayudas se dirijan a la esperada fábrica de baterías cerca de la planta de Seat de Zona Franca y a la transformación de ésta última y la de VW Navarra para producir coches eléctricos y garantizar el futuro de las mismas y, con ello, el empleo de miles de trabajadores.
Ya el pasado mes de marzo el Gobierno anunció la creación de un consorcio público privado con Seat y otros socios, integrado por una quincena de compañías, entre ellas Iberdrola, Telefónica y CaixaBank, y otras del mismo sector de la automoción como las empresas de componentes Ficosa, Gestamp, Sesé o Grupo Antolín. Este proyecto contemplaba la creación de una fábrica de baterías eléctricas cerca de la planta que la firma automovilística tiene en Martorell (Barcelona) y de la que se beneficiarían tanto la propia planta de Seat como la de Volkswagen en Navarra.
Para el Gobierno, estas ayudas van a permitir crear 140.000 empleos y aportar entre un 1 y un 1,7 % al PIB, además de contribuir a un despegue del coche eléctrico que contempla alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga públicos. Unas previsiones poco realistas a día de hoy visto cómo avanza, por lo lento, la implantación del coche eléctrico en la sociedad española.
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