La condonación parcial de la deuda regional se producirá en un escenario de subida de tipos. Los últimos datos disponibles, del mes de agosto, apuntan ya a un incremento del gasto en intereses de las CCAA de casi el 50% respecto al año anterior, 3.057 millones frente a los 2.139 millones de 2022. En algunas comunidades se ha triplicado, como es el caso de Canarias.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de este asunto en un artículo publicado este lunes y elaborado con datos hasta julio. "El gasto en intereses de las CCAA ha alcanzado los 2.617 millones, lo que supone un crecimiento del 42,9%, con un comportamiento muy heterogéneo entre las distintas regiones", señalan los autores, José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín.
Tal y como apunta el think tank, "todas las CCAA presentan subidas en el gasto en intereses con la excepción de Cantabria y los aumentos más importantes se observan en Canarias (260%), La Rioja (150%) y Galicia (115,8%)". No obstante, también señala que "estas regiones parten de un nivel más bajo en el gasto de interés por lo que su tasa de crecimiento es mayor".
Cataluña y Comunidad Valenciana, 200 millones más
En términos absolutos, el gasto en intereses de la deuda es mayor en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, con 811 millones, 601 millones y 392 millones, respectivamente, en agosto. El año pasado en el mismo mes el gasto en intereses en las tres regiones se situó en los 605 millones (200 millones menos), 502 millones (100 millones menos) y 215 millones (177 millones menos).
El gasto en intereses en Andalucía hasta agosto es de 309 millones; en Castilla y León, de 154 millones; en País Vasco, de 143 millones; y en Castilla - La Mancha, de 101 millones. Por debajo de los 100 millones están Galicia (96 millones), Murcia (91 millones), Aragón (89 millones), Canarias (59 millones), Baleares (59 millones), Extremadura (49 millones), Asturias (44 millones), Navarra (30 millones), Cantabria (23 millones) y La Rioja (6 millones).
En el informe Fedea alerta de que "esta rúbrica va a incrementarse notablemente en los próximos ejercicios dado que las emisiones de deuda se están realizando con tipos de interés más elevados como resultado de la política monetaria restrictiva puesta en marcha por el BCE para controlar la inflación".
En un artículo publicado este verano el servicio de estudios ya señaló que "aquellas comunidades autónomas con parte de su deuda en manos del Estado (Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera) presentarían aumentos del tipo superiores a las que no se están financiando a través de estos mecanismos extraordinarios.
Cataluña es la comunidad con más deuda acumulada, 84.518 millones a cierre de 2022, y el 85% con el FLA. Es, de hecho, una de las regiones más dependientes del fondo de liquidez autonómica, sólo por detrás de Cantabria (92% del peso de su deuda) y Murcia (86%). Inmediatamente detrás se sitúa la Comunidad Valenciana (84%). En el otro extremo están Madrid, País Vasco y Navarra, que no cuentan con financiación del fondo.
En este sentido, según informó Fedea en agosto, Cataluña pasará de pagar 1.029 millones en 2022 en intereses por su deuda a gastar 2.412 millones en 2026, un 134% más. Ya en términos generales, el gasto futuro en intereses de todas las comunidades autónomas se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 8.659 millones en 2026, un 140%.
Amenaza el déficit público
En este contexto, Fedea estima que el déficit agregado para 2023 de las comunidades autónomas se situará en el 0,8% del PIB, cifra superior a las previsiones realizadas por el Gobierno y por la AIReF, que sitúan el déficit autonómico en el 0,6% del PIB en ambos casos. "Esta desviación se explica porque creemos que el gasto va a aumentar en mayor medida que lo esperado por ambas instituciones", detalla.
El servicio de estudios recuerda que ambos organismos acaban de revisar al alza sus previsiones. El Gobierno, por ejemplo, había anunciado en su Plan de Estabilidad 2023-2026 un saldo de -0,3% del PIB. "Estas revisiones responden a un aumento de los gastos mayor del previsto inicialmente, sobre todo del gasto en intereses y de los consumos intermedios, y a una recaudación menor de la prevista por la ralentización del mercado inmobiliario".
"Si se confirma nuestra previsión, se pondría en riesgo la senda de reducción de déficit anunciada por el Gobierno para el año 2023. Con el más que probable retorno de las reglas fiscales europeas para el año 2024, creemos que la consolidación fiscal del conjunto de las administraciones públicas en España no se puede demorar más y debería ser una de las principales tareas que debe afrontar el futuro Gobierno", concluye Fedea.
En abril el Gobierno ya mejoró su previsión de déficit público sobre el PIB y aseguró que en 2024 se situaría ya en el 3%, el 'máximo' fijado por la Comisión Europea para exigir ajustes fiscales del 0,5% del PIB al país. De esta forma, se comprometió a que "España cumplirá con el Pacto de Estabilidad vigente de la UE en 2024", un año antes de lo previsto por el Ejecutivo.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido en varias ocasiones de que conseguir reducir el déficit por debajo del 3% en 2024 exigirá no prorrogar ninguna de las medidas antiinflación que caducan el 31 de diciembre (esta semana el Gobierno anunció que prorrogará la rebaja del IVA hasta junio) y que las CCAA cierren sus presupuestos con superávit, en lugar de con el déficit del 0,1% estimado por el Ejecutivo.
