El mayor grupo siderúrgico español, Celsa, ha comenzado a tramitar con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) su posible rescate. Esta empresa, con cerca de 10.000 personas en plantilla, ha iniciado las negociaciones para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, una línea de ayudas -dotada con 10.000 millones de euros- impulsada por el Gobierno para evitar quiebras de empresas afectadas por la crisis del coronavirus.
Este procedimiento de rescate se encuentra en su fase preliminar, tras la solicitud inicial de Celsa, que abre un periodo de información para conocer los requisitos que el Gobierno establece. Según avanza El Confidencial, esta compañía estudiará tanta esta como otras posibles vías que le permitan sortear la quiebra, para lo que Celsa necesitaría alrededor de 300 millones de euros para comprar parte de la deuda que vence a corto plazo y que cotiza actualmente apenas al 10% de su valor, por ser de alto riesgo e improbable cobro.
La SEPI también ha requerido información a la compañía siderúrgica para conocer su situación económica a fecha de 31 de diciembre de 2019, lo que permitiría conocer el saneamiento de sus cuentas antes de la crisis del coronavirus. Además, Celsa tendrá que informar sobre sus activos de carácter estratégico para conocer el papel de la compañía en la industria nacional, así como la organización de sus centros logísticos y plantilla.
Lo cierto es que Celsa arrastra problemas financieros desde hace casi una década, con una deuda de unos 2.2000 millones de euros que hasta el momento ha afrontado. En la última refinanciación, firmada en 2017, la banca ya accedió a concederle una quita y posteriormente vendió la deuda a fondos oportunistas, que se hicieron con el pasivo pagando apenas un 30% de su valor, apunta El Confidencial.
Así, Celsa se ha convertido en la primera gran compañía española que trata de acogerse a la norma 'rebus sic stantibus', que permite a las compañías no atender el pago de una deuda por causas de fuerza mayor, ajena al negocio, como puede ser el caso. La compañía solicitó el pasado mes de abril en un juzgado de Madrid la aplicación de esta excepción para evitar entrar en ‘default’, dado que que carecía de dinero para afrontar los 35 millones que vencían el 4 de mayo.
